Cuando se sometió a discusión en la OEA el tema de la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, cinco países votaron a favor de Venezuela y 17 a favor de Colombia, pero esto no fue suficiente para convocar una reunión de cancilleres con la finalidad de atender con urgencia la crisis fronteriza que ha producido el gobierno de Maduro dejando como consecuencia una estampida de más de 12 mil habitantes de la línea limítrofe entre el estado Táchira y el departamento del Norte de Santander neogranadino. La crisis se encuentra focalizada en un pequeño fragmento de la frontera, el más activo comercialmente, pues el resto de la línea, que colinda con Brasil y Guyana, adolece de vigilancia y atención.

En la reunión continental, Panamá y Brasil abstuvieron su voto. El primero para no afectar las gestiones de cobranzas de una cuantiosa deuda que tiene el Estado venezolano con el empresariado privado del país centroamericano, y el segundo, el gigante del sur, no desea generar sobresalto en sus relaciones económicas con ambas naciones. El comercio siempre va primero, lo humanitario puede esperar.

Recordemos que Colombia votó en contra de la oposición venezolana en la OEA el año pasado cuando Panamá cedió su puesto para que la diputada María Corina Machado tuviera un derecho de palabra. Este hecho produjo la expulsión de Machado de la Asamblea Nacional. El gobierno colombiano ha consentido los actos arbitrarios del régimen de Maduro para no obstaculizar las negociaciones de paz con las FARC que se desarrollan en Cuba, toda vez que el Estado venezolano es el principal socio de la isla comunista y de los cuerpos terroristas que intentan un acuerdo beneficioso para su incorporación a la vida política lícita en el vecino país.

En esta reedición de la crisis fronteriza con Colombia no hemos escuchado a nadie del gobierno chavista hablar de “guerrilla” ni de “narcotráfico”. Son términos ajenos a la discusión. La administración de Nicolás Maduro, en un nuevo intento por calentar el clima político de cara a las elecciones parlamentarias y evitar referirse a la crisis económica que atraviesa Venezuela, ha dedicado todo su esfuerzo a posicionar el “contrabando” como la actividad por excelencia que ha generado la escasez, y a los “paramilitares”, socios de Uribe, de Obama y de los sectores opositores, como operarios y protagonistas de esta acción delictiva.

Ni una sola palabra se ha dicho sobre los municipios fronterizos del estado Apure que son controlados por la guerrilla, ni de las mafias del oro y la extracción de otros minerales en el estado Amazonas, el estado Bolívar y el territorio Esequibo. La atención no está puesta en el problema, sino en el espectáculo: miles de familias cruzando el río Táchira con algunos enseres a cuestas huyendo de la demolición masiva de ranchos y casas, crónicas de lamentos que huelen a pobreza y a olvido de grandes barriadas que fueron ceduladas por Chávez para que votaran por la Revolución y ahora han sido echadas como perros sarnosos. El cólera que esta acción violatoria de los derechos humanos (aun cuando la OEA y la ONU se han tapado los ojos) ha producido en la hermana Colombia, es monumental. Sin embargo, con la presión que Venezuela puede generar a través de las FARC en la mesa de negociación, y entendiendo que para el gobierno de Santos la prioridad es lograr la paz, todo esto pasará como otra travesura de Miraflores.

Veremos pues en las próximas semanas algunos acuerdos entre ambos gobiernos y poco a poco se irán estabilizando las relaciones con ciertas “condiciones” que tendrán más de tratados retóricos que de tareas por cumplir. El chavismo juega el ajedrez en la frontera y toda la opinión pública lo sigue. Ante la falta de petróleo y recursos, el gobierno ha buscado otros mecanismos para ganar la atención absoluta. Hunden la aguja en la carne pero en la otra mano tienen el dedal.