Vía El Nacional

Luego de un mes de la declaratoria de estado de emergencia, del cierre de parte de la frontera con Colombia y de una crisis humanitaria que ha sido ampliamente destacada por distintos líderes mundiales, la reunión entre los presidentes de Venezuela y Colombia no parece haber puesto fin a este conflicto. Como parte del acuerdo alcanzado entre Santos y Maduro, está previsto que un equipo de ministros de ambos países, encargados de las áreas más sensibles en esta relación bilateral, se reúnan para avanzar en la solución de los problemas pendientes, incluyendo el contrabando, la lucha contra organizaciones criminales, el narcotráfico y el cambio de monedas en la frontera. Pero la normalización de las relaciones entre ambos países requiere que cada parte asuma su propia responsabilidad.

Es probable que, desde el lado colombiano, haya una mejor visión de los camiones cargados de mercancía, que cruzan la frontera hacia Colombia haciéndose invisibles para la Guardia Nacional venezolana, mientras esta intenta en vano detener a unos centenares de guajiros portando unas bolsas de harina PAN o unos cuantos kilos de azúcar y de caraotas. Pero no es razonable esperar que las encargadas de velar por el cumplimiento de las normas sobre contrabando que se puedan dictar en Venezuela sean las autoridades de un país vecino. No son los colombianos quienes deben resolver los problemas de desabastecimiento que nos afligen.

No cabe duda de que los miembros de las FARC, instalados en Venezuela y que operan desde territorio venezolano, provienen de Colombia; pero son las autoridades venezolanas quienes, con su complicidad o su inacción, han permitido esta situación. Es a la FAN a la que le corresponde velar por nuestra integridad territorial y rechazar la presencia en el país de grupos armados extranjeros.

Independientemente de quiénes sean los que la financian, de quiénes sean los capos y de cuál sea su nacionalidad, todos los indicios parecen indicar que la droga que ingresa a Venezuela proviene de Colombia. Pero no tenemos que pedirle permiso a ningún otro país para combatir el crimen organizado o para impedir que los cárteles de la droga se apoderen de Venezuela y de sus instituciones, como lo denunciara el ex magistrado del TSJ y ex fiscal militar Eladio Aponte Aponte, que durante muchos años formó parte de las redes del narcotráfico. El gobierno de Colombia tiene una importante cuota de responsabilidad en este asunto; pero, que se sepa, el cártel de los soles ni está formado por colombianos ni opera en Colombia.

La oligarquía colombiana no se ha sumado al exitoso socialismo del siglo XXI, que ha permitido el florecimiento de la economía venezolana, convirtiéndonos en el reino de la felicidad y la abundancia. Mientras el fallecido Hugo Chávez impuso un estricto control de cambio, que todavía dura, el gobierno de Colombia permite que en su territorio funcionen empresas de diversa naturaleza, incluidas las casas de cambio que operan en la frontera y que, a la vista de todos, compran y venden bolívares, del mismo modo que compran y venden dólares o euros. Pero es insensato asumir que son las casas de cambio las que han devaluado nuestra moneda, del mismo modo que sería absurdo pretender que nuestras recetas económicas, incluyendo la economía del trueque y los gallineros verticales, sean copiadas por otras naciones, llevando a sus pueblos al mismo desastre del que aquí somos víctimas.

Haciendo uso de la libertad de expresión, los medios de comunicación colombianos difunden, sin ningún recato, informaciones e ideas que en Venezuela son objeto de una estricta censura. Esta circunstancia permite que muchos venezolanos puedan enterarse de noticias que el gobierno de Maduro prefiere silenciar, incluyendo el hecho de que allí no hay desabastecimiento y que, paradójicamente, a pesar del conflicto armado, allá hay más seguridad que en Venezuela. Ni Maduro ni Izarra pueden pretender que el gobierno colombiano, que ciertamente ha cometido muchas violaciones de derechos humanos, también asuma el control hegemónico de los medios de comunicación social y renuncie a los valores de la libertad y la democracia, para complacer al chavismo sin Chávez.

Es evidente que Colombia no nos está enviando la carne, la leche y los alimentos que, desde hace tres lustros, aquí no hemos sido capaces de producir; es obvio que ni la oligarquía ni la ultraderecha colombiana comparten las ideas del régimen chavista, del mismo modo como, sin ser oligarcas o de ultraderecha, tampoco las comparte más de la mitad de los venezolanos. Pero el fracaso de este gobierno es suyo y solamente suyo; no hay que buscar pretextos o chivos expiatorios en un supuesto enemigo extranjero. Tanto esta crisis fronteriza como, en general, la catastrófica situación en que nos encontramos, es responsabilidad de la ignorancia, la incapacidad y la corrupción de quienes nos gobiernan; de manera que la solución depende única y exclusivamente de Nicolás Maduro y sus acólitos.