Esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional sorprendió al país con la instalación de un llamado “Parlamento Comunal Nacional” en pleno Capitolio. Advierto de una vez que el propósito de este texto no es explicar si este nuevo ente es legítimo o no. Tampoco aspira a responder la pregunta sobre si va a quitar competencias a la próxima AN. Si son esas sus inquietudes, los invisto a buscar las excelentes exposiciones que al respecto hacen los abogados constitucionalistas Gerardo Blyde y Juan Manuel Raffalli, o el politólogo John Magdaleno.

Estas líneas buscan arrojar algo de luz sobre todo este tema comunal que a muchos venezolanos, con razón, ven como algo ajeno. En este país las comunas entraron al debate público luego de que en 2005 Hugo Chávez se quitara el disfraz de político “humanista”, con el que se vendió al país en 1998, y mostrara su auténtico traje rojo rojito.

La activación del llamado poder comunal, o popular, fue uno de los “motores de la revolución” con los que Chávez, vía reforma constitucional, trató en 2007 de transformar a Venezuela en un Estado socialista. No lo logró, pues en el referéndum consultivo se impuso una victoria escatológica del “no” opositor. Pero el difunto comandante, no muy amante de la democracia cuando por ella salía derrotado, igual se dedicó a incorporar aspectos de ese poder comunal a la estructura del Estado. Lo hizo mediante una habilitante o con la colaboración de una Asamblea 100% revolucionaria. En 2010, justo antes de que ese parlamento caducara, fue aprobada la Ley Orgánica de Comunas.

Desde entonces han pululado por todo el país consejos comunales, que a su vez forman comunas. A ambos el Ejecutivo les da recursos para que financien sus actividades. Algunos voceros del oficialismo han descartado que esto implique una usurpación de las funciones de los gobiernos estadales y municipales. Sin embargo, no todos hemos olvidado a Aristóbulo Istúriz proclamando que las gobernaciones y alcaldías debían desaparecer para que quedara solo el poder comunal. Era irrelevante que nada de ese poder apareciera en la Constitución. Había que salir como sea del Estado burgués para pasar al Estado popular.

Pero, hay un pequeño problema: la historia ha demostrado que las comunas, como las plantea el chavismo, son una quimera, un proyecto inviable.

Uno de los principales pilares políticos de esta idea es la democracia participativa. Es decir, que todos los ciudadanos comunes puedan participar ellos mismos en la toma de decisiones públicas, en vez de delegar esa función en un representante (como lo es un diputado). Rousseau fue uno de los mayores defensores modernos de la democracia participativa. Su filosofía llegó a Bolívar a través de Simón Rodríguez, razón por la cual el chavismo puede dar un matiz bolivariano a la propuesta.

Ahora les pregunto: ¿Ustedes se imaginan a los más de 30 millones de venezolanos debatiendo en la AN? Por supuesto que no, y no solamente por la obvia limitación física. Sería imposible poner de acuerdo a tantas personas con intereses distintos sobre acciones que los afectan a todos. La democracia participativa solo sirve en territorios muy pequeños, cuyos habitantes comparten muchas características. El mismo Rousseau era suizo, y debió tener como referente los diminutos cantones de su terruño alpino, unidos en una federación.

Alguien podrá decir entonces que las comunas son como los cantones suizos. No es así. En grandes territorios (Venezuela es mucho mayor que Suiza) habría tantas comunas que seguramente empezarían a competir por los recursos, pues unas serían más prósperas que otras. Esa competencia se podría convertir en conflicto violento. La única forma de evitarla sería un ente por encima de las comunas que administre los recursos y decida, por el bien de todos, cuánto le corresponde a cada una y por qué, además de cómo usar lo otorgado. Pero la existencia de este ente ya limita enormemente la democracia participativa.

Ese es el verdadero Estado comunal, altamente centralizado y burocrático. ¿Saben cómo se dice “consejo comunal” en ruso? La respuesta es “soviet”. La Unión Soviética es el ejemplo arquetípico de un Estado comunal. No creo que haga falta ahondar sobre cuán libre y democrática era la vida ahí.

Pero, además, a estos preceptos políticos el oficialismo agrega fórmulas económicas del recetario marxista, sobre todo la propiedad pública o comunitaria, en sustitución de la privada. Los campesinos o trabajadores son colectivamente dueños de sus medios de producción, sin patrones capitalistas malévolos.

También en este ámbito la historia es rica en desengaños. Podemos remitirnos a la República Popular China, compinche fundamental del proceso venezolano.

En 1958, a su fundador, el gran timonel Mao Zedong, se le ocurrió la brillante idea de imponer una colectivización de la tierra más rápida que el relámpago. Los líderes ególatras siempre les ponen a sus proyectos nombres tan pomposos como sus títulos. A este lo bautizaron “Gran Salto Adelante”.

Los campesinos chinos, desde el otrora rico terrateniente hasta el jornalero más pobre, fueron obligados a vivir y trabajar en comunas rurales con la misión de maximizar la producción agrícola y proveer a las ciudades de suficiente comida como para mantener a los millones de obreros que debían realizar la industrialización del gigante asiático.

La experiencia fue una catástrofe. Todo lo que ocurría en las comunas estaba férreamente controlada por el Partido Comunista Chino, que, a su vez, obedecía ciegamente los dictámenes del líder. Sus decisiones gerenciales, que solo consideraban la interpretación maoísta del dogma de Marx, obviaron las necesidades de la vida en el campo. La producción creció nada o casi nada. La gran cifra no fue de trigo ni de arroz, sino de muertos. Se calcula que entre 18 y 32 millones de personas sucumbieron, la mayoría por hambre, ante la imposición del estilo de vida comunal, en solo tres años. Si se toma la peor estimación, es como si se eliminara a toda la población venezolana actual, y un poco más.

Entonces, ¿no hay ningún caso que permita hablar bien de la comuna? De hecho, sí. Es uno solo, e irónicamente se ha producido en una de las entidades más odiadas por el chavismo: el Estado de Israel. Ahí, desde hace generaciones, existen los ‘kibbutzim’ (en singular ‘kibbutz’), pequeñas comunidades, tanto agrícolas como industriales, donde la propiedad de los bienes es 100% comunal. No hay nada privado, lo cual no ha impedido que algunos kibbutzim produzcan millones de dólares al año en productos de alta tecnología.

¿La clave de su éxito? Son de carácter voluntario. No es que una revolución llegó con el lema “¡Comuna o nada!” a forzar la eliminación de las posesiones individuales. Son solo grupos de personas que han decidido vivir así. No pretenden eliminar el entramado público, como se llegó a sugerir en Venezuela. Detrás de ellos sigue habiendo un Estado, con instituciones democráticas que protegen a los ciudadanos de las comunas como a todos los demás, y que no permite que la condición de ‘kibbutz’ sea una excusa para que sus habitantes cometan fechorías.

Menos mal que Hitler fracasó en su intento de erradicar al inteligente pueblo hebreo, que ha hecho las cosas bien hasta en llevar las comunas de idea descabellada a realidad duradera. Chávez debió tener eso en cuenta antes de maldecir a todo Israel en 2009.

Vía Runrunes