Las empresas encuestadoras independientes en Venezuela están reportando que si las elecciones para la Asamblea Nacional que se llevarán a cabo el 6 de diciembre son justas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) probablemente saldría derrotado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el mes pasado que, sin importar el resultado, el PSUV no cederá el poder. También dijo que planea ganar. No es de extrañarse, ya que Venezuela no ha tenido una elección justa en al menos 12 años y es poco probable que esta sea diferente.

Ahora se escucha la indignación de la Organización de Estados Americanos, aunque no se explica por qué ahora y por qué se demoraron tanto.

El martes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una carta de 18 páginas a Tibisay Lucena, presidenta del consejo electoral de Venezuela, en la que critica duramente la decisión del país de no permitir que una misión de observadores de la OEA supervise la elección. También señaló varias transgresiones cometidas por el gobierno contra las normas democráticas en los meses previos a la votación.

“Si yo no prestara atención o callara ante los hechos respecto a los cuales hice referencia en la presente”, escribió Almagro, “me deslegitimaría, especialmente ante la esencia de los principios en que creo y espero nunca abandonar de defensa de la democracia y firmeza en la promoción de los derechos humanos”.

Los demócratas en Venezuela estaban eufóricos, debido a que durante 15 años la OEA ha ignorado el persistente descenso hacia el despotismo en su país. El que finalmente la comunidad internacional critique la tiranía chavista es causa de celebración.

Sin embargo, es poco probable que la carta de Almagro sea el resultado de marcar terreno por cuestiones de principios. Lo que es más probable es que el ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, en el gobierno pro Castro y pro Chávez de José Mujica, haya proyectado qué le espera a la economía y la política de la región.

El socialista chileno José Miguel Insulza fue el predecesor de Almagro. Durante su gestión, entre 2005 y 2015, fue ciego ante la represión cubana y no ocultó su desdén hacia muchos de los que trataron de defender los derechos humanos en Venezuela. Esto fue bueno para los gobiernos militares, pero hizo que la OEA fuera irrelevante. Almagro sin dudas se da cuenta que su organización necesita recuperar la respetabilidad y reconoce el declive del poder económico de Venezuela. Así que es de esperarse que haya decidido lanzar a los bolivarianos por la borda.

Según el diario español El Mundo, Maduro dijo en una entrevista el 29 de octubre en un canal estatal que en el caso de una victoria de la oposición “Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa”. Traducción: prepárense para una ofensiva al estilo cubano.

Lo único nuevo aquí es que Maduro está admitiendo que la democracia está muerta. En una columna de enero de 2009, esbocé cómo Hugo Chávezorquestó una especie de golpe de estado contra la democracia del país mientras los ingresos de las exportaciones de petróleo eran abundantes. La libre expresión fue acallada, los opositores políticos fueron encarcelados, la independencia de instituciones gubernamentales clave fue destruida, manifestantes pacíficos fueron atacados con armas de fuego y murieron. Los derechos a la propiedad fueron eliminados, la empresa privada fue estrangulada y los medios de comunicación fueron cerrados.

Un liderazgo de la OEA comprometido con su carta democrática habría actuado para aislar al país por sus acciones abusivas. En cambio, Insulza principalmente miró al otro lado y predicó la equivalencia moral de las dos partes.

Los apologistas de Chávez, entre ellos el ex senador estadounidense Chris Dodd, justificaron el comportamiento del régimen asegurando que una mayoría de los venezolanos respaldaba la revolución, como si las elecciones fueran justas y no hubiera tal cosa como los derechos de las minorías en una sociedad justa y libre. Sin embargo, había otra razón por la que Caracas no era castigada.

Venezuela nadaba en ingresos petroleros y compartía su riqueza sólo con aquellos que se abstenían de criticar la revolución bolivariana. Compañías españolas y brasileñas ganaron contratos estatales por miles de millones de dólares. Uruguay, Argentina y Nicaragua pasaron a ser importantes proveedores de alimentos y commodities. En el Caribe, Venezuela compró amigos con su generosidad petrolera. Usualmente con zanahorias y a veces con garrotes, Venezuela hizo lo que quería. La OEA proveía su sello de aprobación. Luego vino el diluvio.

Cuando el año pasado los precios del crudo se fueron a pique, la producción petrolera venezolana ya estaba cayendo debido a la incompetente gestión de la petrolera estatal. Las reservas del banco central han disminuido a US$21.400 millones y eso incluye activos en oro y US$4.000 millones en préstamos de China. Los ingresos por exportaciones apenas cubrirían las necesidades de importación del país y el pago de deuda del próximo año. Todo esto equivale a decir que Venezuela se ha convertido en simplemente otra república bananera que quiebra.

Las objeciones tardías de la OEA a la tiranía de Maduro son bienvenidas. No obstante, la democracia venezolana ahora cuelga sin vida al extremo de una cuerda. Si, como parece, Almagro y sus socios de la OEA apenas están cambiando de bando sólo por interés personal e institucional, eso no representa un gran avance.

Fuente: The Wall Street Journal