Nuestro país, en estos últimos tiempos forma parte de unas estadísticas mundiales nada halagadoras. Tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, estamos entre los países con más bajo crecimiento económico, formamos parte de las listas que miden la corrupción a nivel mundial ascendiendo a paso firme hacia los primeros lugares y por si fuera poco, somos considerados como uno de los países más violentos del mundo.

Nuestra Constitución consagra el derecho a la vida en su artículo 43. “El derecho a la vida es inviolable. (…) “ . Y más específicamente en el artículo 55 hace responsable al estado por la protección de las personas y sus bienes.“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes (…)”.  Pero la realidad del día a día de los ciudadanos de este país es otra muy alejada de estos principios fundamentales de nuestra carta magna.

Las muertes por violencia no deberían ser simples estadísticas, pero las estadísticas ayudan a entender la magnitud de la crisis de seguridad que vive el país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede hablar de una epidemia de homicidios cuando asesinan a 10 ciudadanos por cada 100 mil habitantes. Ya en los años noventa, Venezuela padecía altos niveles de inseguridad. Desde 1998, el crecimiento de la tasa de homicidios ha sido vertiginoso y, diez años más tarde, las cifras oficiales y las registradas por ONGs como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), comenzaron a presentar grandes diferencias para 2008. En el 2013, mientras el Gobierno Central habla de 39 muertes por cada 100 mil habitantes, el OVV habla de 79. Como quiera que sea, estamos hablando de una cifra que oscila entre 11 mil y casi 25 mil venezolanos muertos por violencia en un año, cifras que enlutan a la familia venezolana.

La inseguridad es un problema Global en 2013 México —un país que se debate en una guerra entre carteles del narcotráfico— presentó tasas de homicidios menores a la tasa oficial venezolana de 39. En el caso de, por ejemplo, el llamado Triángulo del Norte —donde se vive bajo la amenaza constante de las padillas o “Maras”—, las tasas de El Salvador y Honduras fueron 39,6 y 39,3 respectivamente, muy similares a la tasa oficial venezolana. En Honduras, se conoce de 75,1, casi 2 veces nuestra cifra oficial, pero menor a la calculada por el OVV. En otros países de nuestra región, como Colombia, Panamá y Ecuador, las tasas fueron de 31,4, 16,0 y 10,9, respectivamente, todas por debajo de nuestros números oficiales.

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Para el año 2013, en Irak murieron menos personas que en Venezuela. Por otra parte, desastres naturales como los tifones Bopha (2012) y Haiya (2013) que azotaron a Filipinas, o el huracán Sandy (2012) que castigo las costas de Canadá, EEUU y el Caribe, murieron menos personas que en Venezuela durante el citado año. Aunque la naturaleza de los eventos es distinta, las cifras revelan que el problema de seguridad en Venezuela es tan catastrófico como un desastre natural o una situación de guerra, al menos en cuanto al número de víctimas.

Enfrentar la inseguridad exige ir contra la impunidad. En marzo de 2013 expertos en DDHH precisaron que solo un 2% de los homicidios registrados en Venezuela entre 1999 y 2012 habían sido resueltos por el Ministerio Público. Aún más: entre 1998 y 2011, el número de detenidos cayó de 110 a 11 por cada 100 homicidios según las cifras oficiales.

Aunque durante los últimos 15 años se han implementado más de 20 planes de seguridad y hasta una “misión gubernamental” fue dedicada a tal fin, según cifras oficiales, entre 1999 y 2013 las muertes violentas se triplicaron y las detenciones por homicidios cayeron a la mitad. Cuando vemos que el gobierno dificulta el acceso a las fuentes y la información policial y vemos a sus voceros decirnos públicamente que la inseguridad es una “sensación”, sabemos realmente que no vamos por el camino que debe ser.

               Hace falta voluntad política y determinación verdadera para enfrentar el problema que representa para los venezolanos el vivir atemorizados en las calles y en sus propias casas. Sin unos cuerpos policiales saneados, bien dotados y bien pagados, sin un poder judicial sano, eficaz y al servicio de la verdadera justicia y no de parcialidades políticas ni de “ordenes de arriba” y que si el discurso social y político no cambia del tono de la confrontación hacia la unión de esfuerzos, el dialogo constructivo, la hermandad y la paz entre los venezolanos, no podremos lograr la tranquilidad de los ciudadanos.

Si bien estas estadísticas ayudan a comprender la magnitud de la crisis de seguridad que se vive en nuestro país, evidencian también que las muertes de venezolanos por la violencia desatada en nuestras calles, no es una sensación, es una violenta realidad.