El concepto de soberanía nacional, ese el poder absoluto de decisión, desde tiempos de Jean Bodin, recae en el pueblo, no en el gobernante de turno y menos en el gobierno. Sin embargo, hemos visto cómo en estos catorce años, de ¡revolución bonita! entre un gobierno participativo y protagónico y el socialismo del siglo XXI, que no ha sido ni participativo, ni protagónico y menos socialista, la soberanía popular ha sido usurpada por el partido de gobierno, primero por el Polo Patriótico y ahora PSUV.

En la primera gran elección, cuando la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (1999), que pretendía diseñar un esquema más cercano a la gente, el referéndum autorizó el llamado constituyente con las bases que estableciera el poder ejecutivo, decisión inicial que contó con el 62,35% de abstención, es decir, el 87,75% del 38,25% de la población decidió darle un cheque en blanco al Presidente Chávez, para reformar el Estado. En donde de 1.171 candidatos cerca de 900 eran opositores, pero el chavismo por efecto del “kino Chávez” ganó de 131, 125 curules, el 95% de la asamblea fue “roja rojita”. Allí el polo patriótico usurpó la soberanía popular.

La segunda, en mí análisis, fue el 15 de agosto del 2004, cuando el CNE decidió convocar, luego de toda una peregrinación para recoger las firmas, el referéndum revocatorio. Según establece el artículo 72 de la CRBV procede el revocatorio, cuando concurren más del 25% de los electores inscritos y además voten a favor  un número mayor o igual a los votos que eligieron al funcionario. En la elección del 98 Chávez sacó 3.673.685 y en la mega elección del 2000 sacó 3.757.773, mientras que votaron para revocar su mandato 4.991.483, es decir, más de un millón de personas más de las que votaron por él inicialmente, entonces era procedente el revocatorio; pero una interpretación del CNE, bajo la rectoría de Jorge Rodríguez, de mayoría de votos lineal, lo impidió. Nuevamente se usurpó la voluntad popular.

Por motivos de espacio no puedo narrar otros eventos electorales donde de igual forma se ha usurpado la soberanía popular, para concretarme en el caso de la elección de los Rectores del CNE y de los representantes de Poder Moral Republicano. En efecto, el TSJ desde que se decretó la Reorganización del Poder Judicial y del Sistema Penitenciario, quedó bajo el control gubernamental. Entonces, desde la teoría de la “supra-constitucionalidad”, hasta la de “continuidad administrativa” (con el cual se designaron a dedo una cantidad importante de Magistrados, con quienes se hace mayoría absoluta), pasando por la apertura del año judicial en el año 2006, cuando los Magistrados y Jueces de la República gritaron a coro: ¡¡¡Uh Ah!!! Chávez no se va…, la Corte Suprema de Justicia ha estado blindando a la revolución en sus actuaciones. Ello sumado al descaro de que la Ministro de Propaganda Oficial se postule como Magistrada, quien se perfila como Presidenta del ente.

Es este mismo ente con el cual se pretende usurpar nuevamente la soberanía popular al dejar en sus manos la designación de los rectores del CNE, en caso de no haber acuerdo en el Asamblea Nacional, cuando el artículo 71 CRBV establece que las materias de transcendencia nacional deben ser sometidas a referéndum. Además, el artículo 279 CRBV establece la consulta popular en caso de no haber quórum para la elección de los integrantes del Poder Moral Republicano, es decir, al Defensor del Pueblo, Fiscal General y Contralor.  No se puede continuar usurpando la soberanía nacional con interpretaciones acomodaticias que generan insatisfacción y descontento en la población. Por ello, en mí criterio, se debe exigir un mecanismo de consulta popular para la elección de los rectores y de los representantes del Poder Moral, en caso de no haber acuerdo en la Asamblea Nacional.

Carlota Salazar Calderón

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