El incremento del 85 % en los incidentes de seguridad evidencia una escalada alarmante de la represión estatal, según informó el Centro para los Defensores y la Justicia

Con información de EFE

En Venezuela se registraron 418 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2024, un 85 % más con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se documentaron 226 casos, según informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

“Durante el primer trimestre de 2024 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático, en el marco de un contexto preelectoral, afectando las acciones de personas y organizaciones de la sociedad civil”, indicó la ONG en su más reciente informe, que precisa que en enero se documentaron 97 casos, en febrero 230 y en marzo 91.

Del total de casos, 301 fueron de estigmatización, 62 de intimidación y hostigamiento, 45 de amenazas, tres ataques digitales, dos allanamientos, dos casos de judicialización y una detención arbitraria.

“Durante el trimestre, el CDJ documentó discursos y campañas de estigmatización, señalando sistemáticamente a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo el principal patrón de ataque, como una forma de amedrentar”, agregó.

El CDJ sostuvo que el 62 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y un 38 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.

Los principales victimarios, prosigue el informe, fueron plataformas comunicacionales del Estado (37 %), seguidos de funcionarios públicos, principalmente diputados y miembros del Ejecutivo nacional (32 %), agrupaciones afectas a los intereses del Estado (25 %), organismos de seguridad del Estado (4 %), e instituciones públicas o entes gubernamentales (2 %).

“En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirán aumentando los riesgos para la sociedad civil. Reiteramos que las actividades de defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos no es delito y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio seguro y sin temor a represalias”, apuntó.

El CDJ instó al Estado a proteger, garantizar y respetar derechos y “cesar de forma inmediata la criminalización de personas defensoras y frenar los avances legislativos que persiguen controlar, limitar y criminalizar a la sociedad civil en Venezuela”.

El régimen de Maduro desalienta la participación política

El pasado jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al régimen de Nicolás Maduro de violar “sistemáticamente” los derechos humanos para, entre otras razones, “desalentar la participación política” en el país, que celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio.

“El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones”, según indica el capítulo referente a Venezuela del informe anual de la CIDH, correspondiente a 2023.

A juicio de la comisión, las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre las que mencionó la que pesa sobre la ex diputada María Corina Machado —ganadora de las primarias antichavistas de octubre— han sido aplicadas “de manera desproporcionada contra personas de la oposición”, lo que “viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”.

En el documento, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró que “el deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que, en el país, se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”.

En este sentido, aseguró que “ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones”, lo que —sostuvo— se debe a la “falta de independencia de estas instituciones frente al Gobierno”.