Un grupo de acreedores de la compañía petrolera venezolana Citgo exige más de 20.000 millones de dólares en pago de deudas. Economistas advierten que la protección del gobierno de EEUU no puede ser indefinida.

Con información de VOA Noticias

MARACAIBO, VENEZUELA — El gobierno venezolano corre un alto riesgo de perder su mayor activo en el extranjero, la empresa petrolera Citgo, debido al avance de la disputa legal por parte de acreedores de la empresa y la crisis política en el país sudamericano, advierten analistas.

Seis compañías ganaron en marzo derechos condicionados para ir tras las acciones de PDV Holding, una de las propietarias de Citgo Petroleum, que refina y comercializa crudo en Estados Unidos y tiene sede en Houston, Texas.

O-I Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL1 Investments, Koch Minerals, Rusoro Mining y Gold Reserve pasaron legalmente a formar parte de una posible subasta de acciones de Citgo por un laudo arbitral ganado por Crystallex por 970 millones de dólares. Todas demandan el cobro de deudas por expropiaciones por parte del gobierno de Venezuela.

La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos suspendió temporalmente el mes pasado esos derechos de subasta para escuchar los argumentos de los representantes legales de Citgo, a más tardar en el mes corriente.

El caso contra Venezuela avanzó luego que el Departamento del Tesoro de EEUU notificara que no impediría la subasta.

El gobierno estadounidense actuó en la intención de los tenedores del bono PDVSA 2020 de ganar su batalla legal contra Citgo y extendió hasta el 20 de julio de 2023 la licencia que protege a la filial.

Conoco Phillips, por su lado, había logrado previamente hacerse parte de la demanda de Crystallex con su reclamo arbitral de unos 1.300 millones de dólares.

Según el presidente de la junta ad hoc de Citgo, Horacio Medina, los reclamos por activos de Citgo Petroleum superan los 20.000 millones de dólares.

Rivalidad política

El Tesoro de EEUU ha protegido a Citgo de sus acreedores desde 2020, un año después de que la oposición promoviera al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y la Casa Blanca lo reconociera como tal.

La fotografía política de la oposición venezolana es distinta hoy, no obstante, mientras los reclamos judiciales contra Citgo avanzan en EEUU.

Tres de los cuatro principales partidos opositores -Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo- acordaron no renovar el gobierno interino de Guaidó, y una nueva directiva de la Asamblea electa en 2015 asumió sus competencias, entre ellas la de garantizar la protección de activos venezolanos en el extranjero.

La probabilidad de que Venezuela pierda Citgo es “altísima”, apunta el economista Manuel Sutherland. El conflicto político pone sus acciones en claro riesgo, opinó.

“Las partes políticas en conflicto no están dispuestas a reconocerse abiertamente. Entonces, Venezuela carece de una representación estatal reconocible para los acreedores, una representación unificada”, dijo a la Voz de América.

La mesa de negociación entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria opositora no se reúne en México desde hace siete meses. No han habido mayores avances de ese diálogo, mientras persiste la disputa política.

La falta de recursos de la nueva directiva del Parlamento de 2015, reconocida por EEUU y liderada por la diputada opositora Dinorah Figuera, “no tiene los recursos” para negociar una reestructuración de la deuda, dijo Sutherland.

“El Gobierno de Maduro tiene las posibilidades de hacer una negociación con más recursos y con más formalidad, pero no es reconocido por Estados Unidos”, acotó.

Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, valora que los montos demandados “son completamente ridículos y exagerados”. Sopesa que un acuerdo de pago de deudas a los acreedores pudiera pactarse por 10 años.

¿Quién negocia?

Medina, presidente de Citgo, expresó que la empresa “está en capacidad” de negociar con los acreedores algunas de las deudas. La compañía reportó 937 millones de dólares de ganancias netas entre enero y marzo pasados y de $2.800 millones en 2022.

Una subasta o negociaciones de pagos podrían derivar en un embargo o la venta forzosa de Citgo, considerado el mayor activo de Venezuela en el extranjero. En cualquier caso, sería necesaria la autorización del gobierno de EEUU.

La importancia de Citgo se nota en sus números: produjo 814.000 barriles al día en el primer trimestre de 2023, mientras que PDVSA, administrada por el gobierno de Maduro, reportó un comportamiento similar en mayo.

José Guerra, economista en el exilio y electo como diputado para el Parlamento de 2015 por el partido Primero Justicia, asegura que Citgo “no se ha perdido porque está protegida por el gobierno de Estados Unidos”.

“[EEUU] no puede seguir protegiendo indefinidamente a Citgo (...) también hay intereses de los acreedores”, dijo a la VOA.

Guerra, colaborador del Observatorio Venezolano de Finanzas, considera clave que la justicia estadounidense disuelva la figura del “alter ego” según la cual PDVSA y Citgo son parte de una misma corporación jurídica en cuanto a sus acreedores.

Citgo “se salvaría” si procede la apelación pendiente y si se fomenta “un acuerdo entre las partes” para pagar parcialmente a los acreedores que se acumularon por las expropiaciones del gobierno de Hugo Chávez y la emisión de bonos por parte de la administración de Nicolás Maduro poniendo a la empresa refinadora en EEUU como garantía legal.

Maduro ha calificado la situación jurídica de Citgo como un “robo” y ha acusado a la “ultraderecha” de sus opositores de “secuestrarla”. Dice que su gobierno ha dejado de percibir un promedio de 900 millones de dólares al mes por ese “despojo”.