Los comentarios de Lula Da Silva sobre Venezuela han generado rechazo en diversos sectores de la sociedad civil venezolana y miembros de la comunidad internacional, que exigen una posición “firme y clara” respecto al respeto a los DDHH.

Con información de VOA Noticias

CARACAS — Cuatro exministros del exmandatario Hugo Chávez, se dirigieron al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, para rechazar las declaraciones en las que aseguró que el autoritarismo en Venezuela es una “narrativa construida” y cuestionaron que “eluda, sin justificación alguna, la grave violación de los derechos humanos” en el país.

Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas durante el gobierno de Chávez; Héctor Navarro, exministro de Educación; Ana Elisa Osorio, exministra de Ambiente y Oly Millan, exministra de Economía Popular, todos militantes de la “izquierda democrática y progresista”, pidieron a Lula y su gobierno “ser consecuentes con una salida democrática” a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela.

En la carta dirigida a Lula, quien mantuvo estrechas relaciones con Chávez y su gobierno, los exfuncionarios considerados parte del denominado chavismo disidente, negaron que la “deriva autoritaria y, por tanto, antidemocrática” de Maduro, sea una “narrativa construida”.

“No responde a ningún plan propagandístico de quienes se le oponen, y lo más grave, desde una perspectiva humana, ella ha dejado y continúa dejando, demasiadas víctimas”, expone el escrito.

El lunes, durante una conferencia de prensa conjunta con Maduro, un día antes de la cumbre de presidentes sudamericanos celebrada en Brasilia, Lula Da Silva aseguró que se ha construido una “narrativa respecto al autoritarismo y la antidemocracia” en Venezuela y exhortó a “deconstruir” la narrativa.

Los exministros, que fueron cercanos al expresidente Chávez, aseguraron que la “autocracia venezolana” pretende “quedarse con el poder como sea y a costa de lo que sea”, convirtiendo su proyecto político en “intolerante con los que piensan distinto, eliminando el Estado de derecho fundado en la separación de poderes a los cuales controla, especialmente el judicial y electoral”.

En el texto los exfuncionarios se refirieron a las violaciones a la Constitución, a los presos políticos, a los cierres de medios de comunicación, los bloqueos de páginas web, a los casos de corrupción revelados en las últimas semanas, a las fallas en los servicios públicos e hicieron especial mención a los contratos “anti obreros” que han ubicado los salarios en territorio venezolano entre los “más bajos de todo el mundo”.

Además, recordaron a Lula Da Silva las “violaciones flagrantes” de los DDHH de manera generalizada y sistematizada cometidos por el gobierno venezolano y verificados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por el Consejo de DDHH de la ONU.

Los comentarios de Lula generaron rechazo entre diversas organizaciones defensoras de derechos fundamentales dentro y fuera de Venezuela e incluso por parte de los presidentes de Uruguay y Chile, Luis Lacalle Pou y Gabriel Boric, respectivamente.

“Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas (…) eso sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son importantes”, dijo Boric el martes. “No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria”.

Más de 7 millones de personas han abandonado Venezuela en búsqueda de protección y de una mejor calidad de vida, según ACNUR.

Se trata de la mayor crisis de movilidad humana en la región, consecuencia de la crisis que atraviesa el país desde al menos el 2015, dos años después de que Maduro asumió el poder tras la celebración de elecciones, luego de la muerte de Chávez quien en una de sus últimas apariciones en público, pidió elegir a Maduro como presidente.