Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en Estados Unidos

Con información de EFE

Tanto Díaz Guillén como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española y fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.

Son conocidos como la “enfermera” y el “guardaespaldas” de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y él fue su jefe de seguridad.

Aparentemente sus relaciones con el actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país sudamericano.

El empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos por los que el matrimonio Díaz-Velásquez fue juzgado.

Según su ficha en la lista de prófugos de la Justicia de EEUU, Gorrín fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.

El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos -Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, que también fue tesorero nacional- para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.

Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.

El ex tesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade Cedeño, que antes de ese cargo fue guardaespaldas de Chávez y había fijado su residencia en EEUU después de su muerte, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, que comenzó a cumplir en febrero de 2019, según lo acordado.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma y presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, con el fin de blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.

El también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, ex propietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado en EEUU a 3 años de prisión en noviembre de 2019 por conspiración para lavado de dinero.