Un grupo de organizaciones alertó que los principales perjudicados por esta iniciativa del régimen de Maduro son las personas “en condición de vulnerabilidad”, ya que se verán afectados los trabajos humanitarios y los proyectos sociales

Con información de EFE

La Alianza por la Libertad de Expresión de Venezuela, que agrupa a 10 organizaciones, aseguró este jueves que el proyecto de ley impulsado por la dictadura de Nicolás Maduro que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, cuya creación fue aprobada por el Parlamento chavista, pondrá “en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia” a los venezolanos.

“Exhortamos a todos a rechazar este proyecto por poner en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a personas en condición de vulnerabilidad. Su aprobación afectará a los distintos sectores de la población venezolana que son los beneficiarios directos e indirectos del trabajo de organizaciones, programas, proyectos sociales, humanitarios y de derechos humanos”, indicó el grupo en un comunicado.

A su juicio, esta norma aprobada el 24 de enero en primera discusión por el Parlamento venezolano busca “criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional”.

Además, apuntó que las ONG venezolanas ya están sometidas a una serie de registros, necesarios para el cumplimiento de compromisos fiscales, que se encuentran paralizados desde 2019 cuando el Servicio Autónomo de Registros y Notarías prohibió registrar actos de organizaciones de este tipo, decisión que mantiene hasta la fecha.

El escrito está firmado por el Colegio Nacional de Periodistas, el Comité por una Radiotelevisión Pública, el Centro de Derechos Humanos y la Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, Expresión Libre, SER Comunicación e Investigación, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad, y Un Mundo Sin Mordaza.

El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG “realizar actividades políticas” y “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones” del Estado.

El pasado 28 de enero, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al Gobierno que establezca un “amplio proceso consultivo” sobre este Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.

Dos días después, 12 ONG de Venezuela aseguraron el pasado lunes que enfrentan la “mayor amenaza” a su existencia. El Foro por la Vida, la coalición que agrupa a esta docena de ONG, “rechaza de manera contundente” esta maqueta legislativa, al considerar que representa “la mayor amenaza registrada en el país” contra su existencia y contra “el accionar libre e independiente” de defensores de derechos humanos y actores humanitarios.

“El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y de la labor de las ONG”, señaló un comunicado firmado por los integrantes del foro.

La agrupación cree que la iniciativa parlamentaria “no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que, de manera sistemática, está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente” de la sociedad civil y actores humanitarios.

“Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas”, remarcó el escrito.

De aprobarse esta ley, adelantó la coalición, las ONG ya constituidas serán sometidas a “un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo”, en el que deberán presentar requisitos “exageradamente intrusivos”.