El ex calcalde caraqueño fue acusado de “traición a la patria” y otros delitos junto a dos ex diputadas opositoras

Con información de EFE

Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, impuestas por la dictadura de Nicolás Maduro, aprobaron este jueves solicitar nuevamente a España la extradición del ex alcalde caraqueño Antonio Ledezma, algo que ya intentó sin éxito en 2017, y de dos ex diputadas opositoras, todos acusados de “traición a la patria” y otros delitos en el país caribeño.

La Sala Penal del TSJ ha pedido a la Justicia española que envíe a Ledezma -exiliado en Madrid desde 2017- a su país “para ser sometido a un proceso penal por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación”.

Venezuela “asume el firme compromiso” ante España de que al ex alcalde se “le seguirá juicio penal, por los delitos mencionados, con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales” y que “se tomará en cuenta el tiempo que esté detenido” en el país europeo, donde, hasta el momento, se encuentra libre.

La Justicia del país sudamericano emitió en agosto una nueva orden de captura contra el ex alcalde.

El Supremo también ha declarado procedente las solicitudes de “extradición activa” a España de las ex diputadas Dinorah Figuera y Auristela Vásquez por los delitos de “traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación”.

Por los mismos delitos, también le pide a Estados Unidos extraditar a la ex parlamentaria Marianela Fernández.

En septiembre, Ledezma y Figuera aseguraron, en un comunicado conjunto, que no se doblegarán ante este proceso, que ven como uno de los “mecanismos siniestros” del régimen de Nicolás Maduro.

La Justicia venezolana ya intentó anteriormente la extradición de opositores como Ledezma, pero fue rechazada por la Audiencia Nacional española al desconfiar del trato que recibirán si son entregados.

Según Amnistía Internacional, extraditar a estas personas a Venezuela “podría ponerles en riesgo de ser víctimas de violaciones a derechos humanos”.