Piden la aplicación del Artículo 471 de la Constitución Bolivariana de Venezuela que sugiere textualmente: “Quien para apropiarse, en todo o en parte, de una cosa inmueble de ajena pertenencia o para sacar provecho de ella, remueva o altere sus linderos o límites, será castigado con prisión de uno a cinco años

Nota de prensa

Especial.- Los asociados y miembros de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros y Previsión Social del Ejecutivo Regional se declararon en asamblea permanente para denunciar la falta de respuestas de las autoridades competentes y la Fiscalía del Ministerio Público, ante el delito de invasión contra el conjunto residencial Capsteea I, el cual consta de 120 apartamentos que fueron construidos con el aporte sistemático de las cuotas que se les descuentan mensualmente a los trabajadores de la Gobernación del estado Anzoátegui.

Robinson Guaimare, miembro de la Junta Directiva de Capsteea, señaló que mientras los verdaderos dueños de estos apartamentos cancelan alquileres, y otros se encuentran en calidad de arrimados en casa de familiares o en el caso extremo en situación de calle por no tener donde vivir, personas ajenas se apoderaron ilegalmente de sus apartamentos, y sin haber realizado ningún esfuerzo, sin haber aportado ni un centavo, son los que están disfrutando y se benefician a costa de los ahorros de muchos años de los trabajadores invertidos en ésta obra con la esperanza de tener una vivienda digna.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara en su Artículo 471: “Quien para apropiarse, en todo o en parte, de una cosa inmueble de ajena pertenencia o para sacar provecho de ella, remueva o altere sus linderos o límites, será castigado con prisión de uno a cinco años, expresó Guaimare.

Ante un silencio cómplice de las autoridades regionales, queremos hacer un contundente llamado al Doctor Tarek William Saab como Fiscal General de la República para que se aboque a dar una solución firme a dicho problema que afecta directamente a los trabajadores de la Gobernación de Anzoátegui.

Al mismo tiempo que abra una investigación sobre lo que afirman los propios invasores que señalan que la ocupación ilegal del conjunto residencial Capsteea fue propiciada por altos dirigentes del PSUV y funcionarios públicos del oficialismo.

Los socios de Capsteea, por su parte, señalan que los invasores alegan contar con el apoyo del gobernador Luis José Marcano y la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera.

Al retomar la palabra, Robinson Guaimare aseveró que han solicitado en reiteradas oportunidades una reunión con el gobernador Luis José Marcano pero hasta ahora ha sido imposible.

Incluso, dijo Guaimare, el pasado 12 de mayo de 2022, se instaló una mesa de trabajo con la secretaria general de Gobierno, Yolimar Ledesma, la autoridad única de vivienda de Anzoátegui y la consultoría jurídica de la gobernación, pero no sé ha logrado nada, ni un solo pronunciamiento de las autoridades con respecto a la invasión del conjunto residencial Capsteea.

Informó que en este mes se cumplen cuatro años de este terrible hecho y aseguró que ante esta situación defenderán la legalidad y el estado de derecho, continuarán con las acciones de protestas hasta conseguir el desalojo de los invasores y se les retribuya el daño patrimonial infringido.

En Venezuela no se puede aceptar que las personas adquieran una propiedad por la vía del delito de invasión y mucho menos que se apropien de un bien ajeno alegando contar con el apoyo de determinado partido político o entes gubernamentales, sentenció Robinson Guaimare.