Se contabilizaron 459 protestas para exigir acceso al agua potable, 304 por fallas del servicio eléctrico y 111 manifestaciones por el gas doméstico, siempre según la ONG

Redacción

En Venezuela se registraron 3.892 protestas durante el primer semestre del año, es decir, un promedio de 22 diarias, lo que supone un incremento de un 15 % respecto al mismo periodo de 2021, cuando se documentaron 3.393 manifestaciones, según un informe de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicado este martes.

La organización computó, durante los primeros seis meses del año, 2.856 protestas relacionadas con exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que representa el 73 % del total.

Los venezolanos exigieron derechos laborales en 1.642 oportunidades, principalmente un salario «digno y suficiente» que le «permita cubrir sus propias necesidades y las de su núcleo familiar».

Por otra parte, el «colapso de los servicios y la falta de soluciones efectivas y (de) largo plazo por parte de las autoridades se ha mantenido como segundo motivo que provoca acciones de protestas realizadas mayoritariamente por vecinos», dijo el OVCS.

Se contabilizaron 459 protestas para exigir acceso al agua potable, 304 por fallas del servicio eléctrico y 111 manifestaciones por el gas doméstico, siempre según la ONG.

Además, los manifestantes también denunciaron que el sistema de salud «sigue en crisis y empeora en cuanto a infraestructura, disponibilidad de materiales, insumos y equipos médicos necesarios para la atención de población».

Asimismo, la organización señaló que otro motivo de las protestas en el sector de la salud ha sido la «criminalización, vigilancia y acoso que sufre el personal» sanitario «por parte de autoridades gubernamentales, quienes han señalado a los trabajadores (…) como responsables de hurtos e insuficiencia de medicinas, así como de materiales necesarios para la atención médica».

El movimiento de derechos humanos, por su parte, se movilizó «en rechazo a la persecución, estigmatización, criminalización y detención contra defensores de DDHH, trabajadores humanitarios y otros miembros de la sociedad civil».

Mientras, agregó el observatorio, las «personas privadas de libertad y sus familiares denunciaron retardo procesal y pésimas condiciones de reclusión».

Según el informe, 52 protestas fueron reprimidas por las autoridades y, en algunos casos, «civiles armados» en Caracas y en 14 de los 23 estados que tiene el país.