Sioly Guaramata: Pdvsa no puede ser un ente intocable. El Estado debe obligarla a cumplir con el orden jurídico patrio

Nota de prensa

Puerto La Cruz, 28 de octubre de 2022.- Una gran cantidad de trabajadores de Pdvsa que fueron despedidos por esta empresa petrolera y que ya habían acudido ante la Inspectoría del Trabajo y les había sido acordado su reenganche y pago de salarios caídos, pero que aún no han podido ejecutar dichas resoluciones, en virtud de que la empresa petrolera ha hecho caso omiso a estos procedimientos, decidieron acudir a la sede del Ministerio Público (MP) en Puerto La Cruz, a fin de solicitar que la Vindicta Pública intervenga y ayude a solucionar la problemática planteada.

La Ing. Sioly Guaramata, despedida de la empresa Pdvsa, señaló que acudieron al MP porque este ente designó a las Fiscalías 63 y 78 como las Fiscalías especializadas en la defensa de los derechos laborales, a fin de que pongan en marcha la solución de la problemática planteada.

Guaramata indicó que Pdvsa no puede ser un ente intocable, toda vez que se da el caché de violar el orden jurídico constitucional y laboral y no hay donde acudir para que respete la Constitución, la Ley y las instituciones del país.

Puntualizó, Sioly Guaramata que Pdvsa está en desacato tanto de órdenes administrativas como jurídicas de reenganche, porque no le para ni a las decisiones de la Inspectoría del Trabajo ni a las decisiones de los tribunales laborales, razón por la cual los trabajadores se hayan en estado de indefensión y no hayan dónde acudir para que le solucionen sus problemas, por eso aplaudimos -dijo- la decisión de establecer un sistema de garantías de los derechos laborales, a cargo de las Fiscalías 63 y 78 del Ministerio Público, para que no siga reinando la impunidad y el incumplimiento de los actos emanados del Ministerio del Trabajo, las inspectorías del trabajo y los tribunales laborales.

Por su parte, Junior Rojas, trabajador cesanteado de la empresa Polar y quién junto a un grupo de trabajadores también tiene acordada una orden de reenganche de la inspectoría del trabajo y un Amparo Constitucional emanando de un Tribunal Laboral, indicó, que sea sumaron a la protesta y consignación de un documento en el MP, porque ellos también son parte del grueso número de trabajadores que no logran que las decisiones administrativas ni judiciales puedan ejecutarse, debido a que la empresa no le para a las decisiones del Ministerio del Trabajo ni de los Tribunales, y éstos no hacen cumplir la ley como establece la Ley de Amparo que penaliza con cárcel el incumplimiento de sus normas como corresponde.

Esperamos, expresó Rojas que el Ministerio Público cumpla con su trabajo y se puedan restablecer con prontitud los derechos que se les han violentado a los trabajadores.