A siete años del suceso que casi le quita la vida, la joven anzoatiguense que recibió un impacto de bala en el rostro durante una protesta en Lechería, todavía busca que su caso sea resuelto

Nota de prensa

Este domingo 9 de mayo se cumplen siete años del momento en que la entonces estudiante de Comunicación Social, Carlin Rodríguez, recibió un impacto de bala que casi le arrebata la vida, mientras protestaba en contra del régimen de Nicolás Maduro en el distribuidor Fabricio Ojeda de la ciudad de Lechería, en el estado Anzoátegui.

La ahora licenciada en Periodismo, afirma que, actualmente, los responsables del hecho ni siquiera han sido destituidos de sus cargos, por lo que exigió al Ministerio Público (MP) y al Circuito Judicial Penal de la entidad, darle celeridad al debido proceso. “Ha sido tanto el retraso que no sé si esas personas, incluyendo el que me disparó, aún están aquí en el país. Han pasado siete años y el caso aún sigue estacando”.

“Yo ese día estaba ejerciendo un derecho que tengo como venezolana, porque todo venezolano tiene derecho a la libre protesta, protesta pacífica. Yo ese día estaba con pancarta en mano, ejerciendo un derecho constitucional. Siete años después es un caso que no ha tenido justicia y los responsables siguen en libertad”, agregó Rodríguez.

Sostuvo que no sólo exige justicia para ella sino también para los casos que han estado impunes desde 2014. Manifestó sentirse satisfecha ante la noticia de que el pasado martes 4 de mayo, el exfuncionario de Polianzoátegui, Onán Pereira, fue condenado a 26 años de prisión por la muerte del estudiante de Publicidad, César Pereira, que fue herido mortalmente con balas de metras mientras protestaba en el sector Peñón de El Faro, en el municipio Urbaneja.

“Como venezolana y como estudiante que fui herida, me alegra que el responsable de eso pague por sus actos. Sin embargo, hay otras personas que también deben pagar. Quienes dieron las órdenes de disparar, también deben pagar. No sólo en el caso de César, también en mi caso, en el caso de muchísimos estudiantes a quienes sus derechos humanos les fueron violados. No sólo quiero justicia para mi, quiero justicia para todos”, expresó.

No procede

La abogada que lleva el caso, Alejandra Olivares, informó que hace casi seis años el MP presentó una acusación formal por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, uso indebido de armas orgánicas, simulación de hecho punible y quebrantamiento de pactos y tratados internacionales, en contra de los funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui) que se encontraban en el lugar donde Carlin fue herida.

Sin embargo, acotó que una vez realizada la audiencia preliminar se acordó admitir la acusación y que se llevara a cabo el enjuiciamiento de los imputados, pero no se logró la medida privativa de libertad, a pesar de que la solicitud fue realizada tanto por el MP como por la víctima.

“Hoy en día estos funcionarios siguen estando activos trabajando con normalidad, mientras que Carlin estuvo a punto de perder su vida por la conducta delictiva de estos funcionarios policiales quienes la hirieron a nivel del rostro con sus armas de reglamento (no perdigones) cuyo uso está prohibido en caso de manifestaciones”, dijo Olivares.