Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui denuncia que tribunales violan el principio de maternidad y por cuanto en los centros de reclusión no existen condiciones de salubridad e higiene para las reclusas encintas

(Comunicaciones 09/04/2021) Privadas de libertad embarazadas del estado Anzoátegui corren peligro debido a la falta de respuesta de los tribunales en las solicitudes de detención domiciliaria con apostamiento policial, por lo cual no se les está garantizando la salud de la madre ni la del niño; invocando el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 44 de la Ley Orgánica Para La Protección Del Niño, Niña Y Adolescente.

Así lo denunció Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos (FDDHHANZ), quien mencionó que algunos ejemplos se han observado en los calabozos del Centro de Coordinación de Cantaura de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), donde los sitios de reclusión presentan falta de higiene, baños dañados y humedad que como consecuencias producen infecciones urinarias, amenazas de aborto y otros tipos de afecciones que atentan la salud de las detenidas.

“El mes pasado, una de las privadas de libertad inició labores de parto mientras esperaba el apostamiento en los calabozos. Luego de dar a luz en un centro hospitalario, fue devuelta al sitio de reclusión junto a su bebé, pese a que las áreas no están en condiciones para la madre y el niño”, resaltó.

Asimismo, dijo que hay detenidas con más de ocho meses de gestación que no han recibido respuestas de los tribunales desde que emitieron sus solicitudes de medidas cautelares a principios de año, por lo que esta falta de actuación viola el principio de la maternidad.

“Pese a que el gobierno nacional ha decretado la operatividad completa del sistema judicial, lamentablemente se complica más el acceso a la justicia en el país, tomando a la pandemia como excusa en lugar de crear otras alternativas de atención al ciudadano”, expresó el representante de la Organización No Gubernamental.

Aseguró que estos casos fueron reportados ante los representantes en Venezuela de la Oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.