La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana pidió información fidedigna sobre las condiciones en las que se encuentran Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar De Dios García, quienes están contagiados con covid-19, según informó la semana pasada su equipo de defensa

Con información e El Nacional

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió este lunes una medida humanitaria para los tres defensores de derechos humanos de la ONG Fundaredes detenidos desde hace más de tres meses acusados de «terrorismo» e «incitación al odio», y actualmente contagiados con covid-19.

«Solicitamos que se considere el otorgamiento de una medida humanitaria por razones de salud a Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar De Dios García», indicó en un comunicado la comisión de la CEV.

Asimismo, pidió «información fidedigna» sobre las condiciones en las que se encuentran los activistas, quienes están contagiados con covid-19, según informó la semana pasada su equipo de defensa.

La CEV aseguró que ha «recibido información» de los familiares que indica que los detenidos se «encontrarían en condiciones inadecuadas de detención», y por ello alertó que «en el actual contexto de pandemia, esta situación» los «pondría en mayor riesgo».

En ese sentido, denunció que a los familiares de los hermanos Tarazona y Omar García «se les ha negado información sobre su estado de salud».

Asimismo, expresó preocupación por la forma en que fueron detenidos los activistas, pues no había una orden judicial y se realizó en el momento en el que se encontraban en una sede del Ministerio Público denunciando la supuesta relación de funcionarios del Estado con grupos guerrilleros.

A la comisión le preocupa que se esté deteniendo a defensores de derechos humanos por hacer denuncias, y ante ello pidió respeto hacia su labor.

Detención de los tres activistas de Fundaredes

Según informó la Fiscalía venezolana en julio, los tres activistas fueron detenidos por supuestamente hacer «difamaciones» tras presentar la denuncia de la relación entre funcionarios del Estado con grupos guerrilleros colombianos como el ELN o la extinta FARC.

El fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, los acusó de recibir instrucciones desde el extranjero para «atacar» el país y alterar el orden.

Según Saab, con estas agresiones se buscaba una «intervención militar extranjera».

Antes de su detención, Javier Tarazona había informado que estaba siendo objeto de «persecución».

El activista aseguraba que estaba siendo perseguido, después de que se convirtió en una de las principales fuentes que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que estalló en marzo entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un número indeterminado de fallecidos.