“El informe emitido por la ONU debe contener recomendaciones de carácter importante que debe ser acatadas por el Estado venezolano”

Redacción

Tras el revelador informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela, donde vincula al gobierno de Nicolás Maduro y a algunos organismos del Estado con crímenes de lesa humanidad, la Gobernadora del Táchira Laidy Gómez exigió eliminar las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo señalado de ser el principal violador de los Derechos Humanos en el país.

“Se lo digo a Maduro, desde aquí, desde el Táchira, disuelva las FAES porque es el principal protagonista de la violación de DDHH en Venezuela, sobre todo en la frontera con Colombia”, sentenció Gómez.

“El informe emitido por la ONU debe contener recomendaciones de carácter importante que debe ser acatadas por el Estado venezolano, como por ejemplo la devolución de la policía estadal a los civiles, -como en nuestro caso- pues para nadie es un secreto que la militarización de estos cuerpos de seguridad han traído graves consecuencia al sistema de justicia“, enfatizó la mandataria tachirense.

La Policía del estado Táchira – recordó – tiene 3 años intervenida y hoy día es dirigida por un militar, situación que incumple el sistema de seguridad ciudadana y el de los policías, que establece que las policías tienen que ser dirigidas por civiles.

Consideró Gómez que los militares deben estar en las tropas, cuidando las líneas de seguridad fronteriza, resguardando la soberanía de los venezolanos, mientras que la seguridad ciudadana debe estar en manos de funcionarios policiales con formación civil y  en materia de DDHH.

“En los últimos 2 años hemos visto cómo se han militarizado a las policías estadales y eso conlleva a la vulneración de los protocolos internacionales que establecen que estos organismos tienen que estar al servicio de los ciudadanos y ser garantes del respeto y defensa de los Derechos Humanos”, manifestó.

Según la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU, las FAES y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron los responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado por la Misión, así como también los autores de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.