Las visitas están suspendidas desde la pandemia, apenas en octubre se reanudaron parcialmente

Redaccion

La cuarentena obligatoria por COVID-19, trajo como consecuencia la paralización de la justicia en Venezuela y por ende un gran número de privados de libertad con boleta de excarcelación no han sido liberados a pesar de las consecuencias físicas y psicológicas que esto representa, aunado al incremento del hacinamiento en las cárceles del país.

En la mayoría de las cárceles venezolanas, los privados comen una vez al día y su dieta se basa nada más en arroz, a veces le dan “aguarote” que es una especie de sopa de auyama, pero no consumen proteína desde hace ya muchos meses. “Es la situación más grave que ha habido en este lugar”, señala el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Las visitas están suspendidas desde la pandemia, apenas en octubre se reanudaron parcialmente, se turnan por grupos y solo tienen autorizado de 20 a 40 minutos para conversar con sus familiares, esto en algunos centros penitenciarios en otros no se han reanudado las visitas.

Sin embargo, señala la OVP que la reanudación de las visitas ha permitido que coman un poco mejor, ya que familiares le llevan comida hecha que la consumen nada más ese día que tienen visita. Además de esto, la visita se da a través de una reja, a unos 4 metros de distancia.

La escasez de no hay gasolina dificulta aún más a los familiares visitar a los privados de libertad sobre todo en las cárceles quedan muy distantes.

En este sentido, se pudo conocer cómo de una manera sistemática los presos con condenas específicas como drogas, extorsión u otros delitos vinculados, son a los que menos se les respeta el derecho a rendiciones para reducción de penas y, en la mayoría de los casos, no son liberados a su debido tiempo una vez cumplida su condena.

“Los tribunales alegan que se debe a una resolución que impide estas libertades o hasta los compuntos, siendo esta inexistente. No es legal y esa resolución no existe, todo esto es de boca y está pasando a nivel nacional”, destacó la ONG.

Mientras que el Estado se libra de responsabilidades y justifica los retardos procesales en la pandemia, los privados de libertad están sucumbiendo ante el hambre y la desnutrición, no hay planes que permitan asegurar que su vida será preservada en su paso por este lugar, así como tampoco velan por su reinserción en la sociedad.

A pesar de que en meses pasados Edward García, director de los Servicios Penitenciarios de la Región sur oriental, informó sobre la creación de siete huertos más en la unidad penitenciaria, un gran número de reclusos pesa menos de 50 kilos, lo que es considerado un grado de desnutrición extrema. Esta situación es clara evidencia de la poca voluntad del Estado en cumplir con su deber de preservar la vida y el bienestar de los privados bajo su custodia, dejando estos huertos como una pantalla ante una realidad palpable.