Indican que hay múltiples irregularidades en el expediente, empezando por el acta policial de detención

Redacción

Este jueves 26 de noviembre se cumple un mes de la detención de Roland Carreño, la abogada Ana Leonor Acosta solicitó revisión médica y la libertad del periodista.

Roland Carreño ha sido señalado por medios públicos y voceros del chavismo de delitos que no cometió, El fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció en Twitter que el dirigente político estaría planificando actos “conspirativos contra la paz democrática” y aseguró que, al momento de su captura, por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), le incautaron un fusil y dólares en efectivo.

La abogada Ana Leonor Acosta indicó que hay múltiples irregularidades en el expediente, empezando por el acta policial de detención donde ni siquiera se siguió el procedimiento adecuado. Le sembraron elementos.

No contó con los dos testigos correspondientes según la ley, y además no se le informó a l periodista sobre un procedimiento de chequeo. Todas son actuaciones montadas para incriminar a Roland Carreño.

Sin respuesta

En el allanamiento a la residencia de Roland Carreño también se verificaron las mismas irregularidades que se vienen registrando desde hace un tiempo en otros casos: la ausencia de testigos confiables que certifiquen su transparencia.

Otro vicio de este proceso fue la difusión de un video el 30 de octubre por parte del exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en el cual el dirigente político una vez detenido explica su trabajo y «confiesa» que el dinero para financiar su partido lo recibiría desde la Fundación Simón Bolívar que la junta ad hoc designada por la Asamblea Nacional nombró en Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La grabación, de la cual los abogados de la defensa aseguran que se realizó sin estar ellos presentes y bajo coacción, debería además estar reservada, por cuanto forma parte de las evidencias que el Ministerio Público utilizará en un eventual juicio contra el imputado. Esto representa una violación al debido proceso.