En las últimas dos décadas el chavismo ha abusado de las cadenas presidenciales y ha hecho uso indebido de los espacios públicos para la publicación de la propaganda electoral

Nota de prensa

Restan menos de dos meses para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y dichos comicios cada día se alejan más de los mínimos estándares democráticos. Desde la designación exprés del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en junio pasado, viene impulsándose una carrera electoral sin obstáculos a favor del oficialismo.

El dueto conformado por los poderes Judicial y Electoral ha diseñado un proceso contrario a lo dispuesto en la Constitución de 1999 y los estándares internacionales en materia comicial, aunque sin duda a la medida de los intereses del régimen de Maduro. A través de normas de carácter sublegal, el cuestionado árbitro ha desnaturalizado la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) de 2009, al incrementar en 66% el número de escaños del órgano legislativo, el cual pasó de 167 a 277, y ha reducido el número de diputados electos nominalmente del 70% al 48%. Todos estos cambios no se ajustan a lo contenido en el artículo 186 constitucional.

A lo anterior se suman la incorporación de la llamada «lista nacional», un mecanismo ajeno a la legislación electoral venezolana por medio del cual se van a elegir cuarenta y ocho diputados. Asimismo, no se puede olvidar la imposición de un sistema electoral especial para los pueblos indígenas, que los discrimina y trata como ciudadanos de segunda, al no permitirles elegir a sus representantes directamente.

Por su parte, la intervención judicial de partidos de oposición (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Movimiento Republicano) y de algunos aliados (Nuvipa, Tupamaro, Bandera Roja, Patria Para Todos, Compromiso País y MIN-Unidad) pareciera ir destinada a eliminar cualquier tipo de competencia.

Engrosando la lista 

Pero como si el anterior inventario de irregularidades no fuera suficiente, en las últimas semanas se han producido otras que aumentan las dudas sobre la legitimidad del proceso y que Acceso a la Justicia pasa a mencionar.

1. ¿Qué máquinas contarán los votos?

Desde que en marzo la expresidenta del CNE, Tibisay Lucena, denunciara la destrucción de casi 50.000 máquinas de votación, entre otros equipos, en el incendio del depósito que el árbitro tiene en Filas de Mariche (Miranda), casi nada se había informado sobre los equipos que serán usados en las parlamentarias para contar los votos, y apenas fue el pasado 9 de octubre cuando el rector Carlos Quintero hizo la presentación de una máquina y del software que se utilizarán en los comicios.

Quintero aseveró que las máquinas fueron diseñadas por técnicos venezolanos y se fabricaron en el país, sin dar muchos detalles más, salvo que tienen una batería que les permite funcionar durante unas diez horas y que son invulnerables a «manipulaciones externas». Sin embargo, Acceso a la Justicia denuncia la opacidad en relación con el proceso de adquisición de los dispositivos y el programa informático que utilizarán.

También alerta que resta poco tiempo para que el árbitro informe a los ciudadanos cómo funcionan las máquinas. Obviamente esto atenta contra los derechos políticos de los venezolanos, aparte de vulnerar la autenticidad, transparencia y seguridad durante el período de campaña de los comicios.

2. Campaña sin reglas 

Es condición fundamental para la competitividad electoral y el correcto equilibrio entre los candidatos la regulación de las campañas electorales. De acuerdo con el cronograma electoral establecido por el fraudulento CNE, la campaña originalmente tenía una duración de quince días, desde el 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre, pero ayer, 22 de octubre, el CNE modificó una vez más el cronograma, estipulando que el período será del 3 de noviembre al 3 de diciembre.

No obstante, a días del inicio de la campaña electoral, el írrito CNE aún no había definido las normas, las cuales debían incluir necesariamente las condiciones que garanticen el acceso equitativo a los medios de comunicación social por parte de los diferentes actores políticos, así como el reparto de bienes o recursos durante esta. No fue sino hasta ayer que se aprobó en sesión el reglamento para la campaña electoral.

En las últimas dos décadas el chavismo ha abusado de las cadenas presidenciales y ha hecho uso indebido de los espacios públicos para la publicación de la propaganda electoral, así como de la participación de funcionarios públicos en campañas proselitistas durante el ejercicio de sus funciones. La falta de regulación normativa de estos aspectos genera más desigualdad y le resta competitividad al proceso electoral.

3. Cambiando las reglas con el partido empezado

El pasado 14 de octubre el írrito CNE dio luz verde a una modificación del Reglamento General de la LOPRE, especialmente en lo concerniente a la observación nacional electoral y el acompañamiento internacional. De momento se desconocen cuáles fueron los cambios realizados. Sin embargo, en la página web del CNE se informa:

«(esta) reforma se fundamenta en la experiencia acumulada por el órgano comicial en esta materia y por la propia regulación vigente, que condiciona la presencia de observadores con base en principios como la no injerencia, la soberanía y el respeto a las autoridades».

Cabe advertir que el rechazo a la observación electoral, especialmente la internacional, por parte del árbitro comicial data de 2006, a tal punto que fue sustituida esta figura por el denominado acompañamiento electoral, y que hasta ahora se ha tratado de una actividad absolutamente inútil, a diferencia de la observación electoral, que supone una tarea evaluativa para informar sobre las debilidades y fortalezas del proceso comicial, tanto por organismos nacionales como internacionales.

Para Acceso a la Justicia este cambio ni promueve la transparencia ni mejora las condiciones de votación para las elecciones parlamentarias, ni mucho menos fortalece la confianza en el sistema electoral. Además, viola la prohibición constitucional de modificar la legislación electoral seis meses antes de la elección (artículo 297), lo cual despierta suspicacia.

4. Un cronograma hecho de plastilina 

Atendiendo al principio de inalterabilidad y seguridad jurídica del cronograma electoral, este instrumento no debe ser modificado para evitar confusiones sobre su contenido. Al respecto, el artículo 42 de la LOPRE establece que el cronograma electoral contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta ley.

La posibilidad de modificar las fechas o alguna actividad del proceso es excepcional, pero el írrito CNE ha realizado cambios con absoluta arbitrariedad y recurrencia, convirtiendo la excepción en la regla. Justamente, entre los cambios realizados destacan la fecha del simulacro, que pasó del 11 de octubre al 18 y luego del 18 al 25 de octubre, y las modificaciones de al menos seis auditorías, en su mayoría relacionadas con el software y las máquinas de votación.

El CNE también modificó los plazos y fechas de cierre del registro electoral, de la campaña electoral y de la fase de postulaciones, esta última en tres oportunidades, ante la falta de definición que existía por las candidaturas del oficialismo y de la oposición, situación que a su vez trajo consigo el reemplazo de las fechas para las modificaciones de candidaturas.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La falta de neutralidad de la administración electoral de entrada no propicia la legitimidad de las parlamentarias, sobre todo cuando se ha visto privilegiada una opción política, la del partido gobernante.

Con estas irregularidades tan obvias que menoscaban al sistema democrático es imposible que los venezolanos respondan al llamado de votar en unos comicios en los que cobra más fuerza la idea de un fraude el próximo 6 de diciembre.