Durante una actividad con motivo del 75 aniversario de la ONU, los dirigentes destacan las constantes violaciones de Derechos Humanos de las que son víctimas los venezolanos, dentro y fuera del país

 Nota de prensa

(Caracas. 22/10/2020) Este miércoles se realizó el foro “La urgencia de actuar en Venezuela: Crisis de refugiados y violación sistemática de los DDHH", donde participaron los abogados Orlando Moreno, Robnny Gutiérrez y el coordinador del Comité de DDHH, Luis Tarbay, en el marco de la semana aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí, los defensores de derechos humanos conversaron  acerca de las constantes violaciones de Derechos Humanos de la que son objeto los venezolanos, dentro y fuera del país, y la necesidad de proteger a la población. 

Robnny Gutiérrez, abogado y coordinador estadal de Formación de Cuadros en Vente Venezuela por el estado Bolívar, detalló que "el patrón sistemático que sostienen los cuerpos represores del régimen contra la sociedad venezolana habla de la escalada en la violación de los Derechos Humanos”.

El dirigente informó que existe una situación irregular en cuanto a los servicios públicos y los derechos fundamentales, así como en la actuación de los cuerpos represores encargados del orden público.

“Vivimos una situación en la que los ciudadanos viven la impotencia, sufren por la falla en los servicios públicos, viven el atropello de las autoridades en un contexto de violaciones de Derechos Humanos y a pesar de eso, deciden alzar su voz para ejercer su derecho a la protesta”, precisó.

Señaló que han tenido que atender casos de víctimas afectadas por detenciones arbitrarias en el marco de manifestaciones para las reivindicaciones y la exigencia de la garantía de derechos fundamentales, como los casos de Tania Rodríguez, Elio Mendoza y Rubén González.

Gutiérrez enfatizó que no solo el sector sindical se ve afectado por esta situación, sino también los ciudadanos, como el caso del doctor William Arrieta, quien fue detenido por cuerpos represores en una cola para surtir combustible, mientras exigía sus derechos, siendo víctima de “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. 

En este sentido, indicó que el rol de los defensores de Derechos Humanos debe ser brindar atención a los familiares, el acompañamiento ciudadano y la denuncia comunicacional, ya que son herramientas importantes que nos ayudan a obtener justicia.

Luis Tarbay, coordinador del Comité de Derechos Humanos en Vente Venezuela, precisó por su parte que el estado Bolívar es el epicentro de una realidad que contrasta con el discurso oficial del socialismo, que se vendió con un discurso garantista de los Derechos laborales, con un presidente obrero y lo que ha hecho es todo lo contrario, como política de Estado, al violar las libertades sindicales. 

“Los ciudadanos están sobreviviendo en una situación que es política de Estado, dirigida a violar Derechos Humanos para crear un contexto de represión, de miedo; un entorno donde ejercer los derechos y reclamar tiene un alto costo que se puede pagar con la pérdida de la libertad o hasta la muerte”, acotó.

Por otro lado, Orlando Moreno, coordinador de Vente Venezuela en el estado Delta Amacuro, denunció la situación que atraviesa la comunidad indígena en la entidad, específicamente en el municipio Pedernales, donde tienen mucho tiempo sin electricidad, sin agua potable, sin luz y sin gasolina, afectando esto su calidad de vida.

“La comunidad indígena es uno de los sectores más afectado por el tema de la crisis que atraviesa Venezuela en cuanto a las políticas públicas criminales que sostiene Nicolás Maduro junto a su estructura criminal. Una gran cantidad de indígenas han alzado la voz de protesta y las fuerzas represivas del régimen han usado su poder represivo para callar estas voces”, aseveró.

Tensa situación en Trinidad y Tobago

Moreno también expuso lo que está ocurriendo con nuestros connacionales en Trinidad y Tobago, donde alrededor de 40 mil venezolanos -reportados por ACNUR-, huyen en botes al vecino país, escapando de la represión y de la humillación, y no se les permite entrar al vecino país. 

“El pasado 12 de octubre, el gobierno trinitario deportó en aguas internacionales, sin haber ingresado al país, a 32 venezolanos. Los dejaron que durmieran en el bote y fueron devueltos a Venezuela”, acotó.

Asimismo, aseguró que existen unos 100 venezolanos en el país detenidos en la IDC de Arimas y el Helipuerto de Chaguaramas. Muchos de ellos con el permiso de ACNUR que les otorga la condición de refugiados, pues la embajada de Venezuela -de Maduro- en Trinidad y Tobago, colabora firmando cartas de devolución de Venezolanos hacia Venezuela, específicamente hacia Tucupita y Güiria.

Moreno afirmó que  no es fácil la situación que se vive en Venezuela, pues ahora países como Trinidad y Tobago -donde Maduro sigue siendo un “presidente” legítimo- cooperan para que no ingresen venezolanos. 

“Trinidad y Tobago no es un país que apoya la solución que hoy proponemos, que es la responsabilidad de proteger. Debemos alzar la voz por los venezolanos que allí residen, porque claramente es un país que no va a tolerar la ola de inmigrantes que hoy escapan de la situación que vivimos los venezolanos”, sentenció. 

Para culminar, los dirigentes destacaron que todas estas violaciones de Derechos Humanos determinan la urgencia de actuar de manera inmediata, para evitar que existan más atropellos, más víctimas y más muertes en Venezuela. Es por ello que hacen un llamado a la comunidad internacional para que, a través de la cooperación, mediante la implementación de una Operación para la Paz y Estabilización, se pueda detener la violación de Derechos humanos en Venezuela y se haga justicia ante tantas arbitrariedades.