Venezuela somete a abusos a los ciudadanos que regresan a su país y propicia las condiciones para que la pandemia aumente aún más en su territorio, señala un estudio realizado por Human Rights Watch

Con información de EFE

Human Rights Watch denuncia que las autoridades venezolanas someten a condiciones de insalubridad y hacinamiento a los ciudadanos que regresan al país, a raíz de la crisis por el Covid-19. La organización alerta que ese trato podría, incluso, aumentar la propagación del virus.

Venezuela somete a abusos a los ciudadanos que regresan a su país y propicia las condiciones para que la pandemia aumente aún más en su territorio, señala un estudio realizado por Human Rights Watch (HRW) junto al Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.

Miles de venezolanos, que en su mayoría vivían en países latinoamericanos, están retornando a su nación por el impacto económico de la pandemia, pero a su llegada lejos de encontrar respaldo de su propio Gobierno enfrentan un nuevo calvario.

El informe explica que miles de migrantes son obligados a cumplir con una cuarentena “con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica" y en muchos casos el tiempo en aislamiento supera, por varias semanas, los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades locales reportan demoras en la entrega de los resultados de las pruebas de diagnóstico para el virus, que en opinión de la organización humanitaria presenta un “protocolo de testeo innecesariamente complejo”.

El régimen de Maduro envía a los retornados a centros de cuarentena hacinados e insalubres, sin distanciamiento social

Muchos han sido retenidos arbitrariamente por semanas

Todo esto aumenta el riesgo de contagio

Informe de @hrw_espanol y Johns Hopkins: https://t.co/FYHJ7Yq4Zp pic.twitter.com/BfxJgracew

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 13, 2020

“Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos”, afirmó HRW.

Según los datos recabados por las organizaciones, entre junio y septiembre la mayoría de las personas entrevistadas, que regresaron desde Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Estados Unidos, entre otros países, aseguraron que “la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y que había múltiples personas en cada habitación”.

Muchos de los encuestados también reportaron falta de electricidad para hacer funcionar las bombas de agua y de artículos básicos de higiene, como jabón.

La "fórmula perfecta para propagar el Covid-19"

Ante este panorama, los médicos que participaron en el estudio indican que las autoridades venezolanas están contribuyendo a una mayor propagación de la pandemia en su país. Dadas las circunstancias, en esos centros es "imposible" cumplir con el distanciamiento social, medida básica para tratar de mitigar el virus.

Venezuela: Abusos contra retornados https://t.co/2Vp8U8t3kL

— Human Rights Watch (@hrw_espanol) October 13, 2020

“Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el Covid-19”, explicó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros de Johns Hopkins.

“Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”, agregó.

**NUEVO INFORME de @hrw y Johns Hopkins**

Covid-19 y su impacto económico obligaron a + de 130,000 venezolanos a volver. Al llegar enfrentan abusos, demoras en las pruebas y condiciones insalubres que probablemente incrementen la transmisión del virus.https://t.co/aPqnwDrHGW pic.twitter.com/M2Q6UcDWZQ

— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) October 13, 2020

La investigación destaca que, en los lugares de confinamiento, conocidos como Puntos de Atención Social Integral (PASI), las condiciones varían.

Algunos PASI son mejores que otros. Sin embargo, no se aplica ningún estándar unificado y son administrados por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional Bolivariana. Las posibilidades de acceso por parte de los trabajadores humanitarios a estos sitios también varían considerablemente, dependiendo de quién esté a cargo.

Tras concluir el estudio, HRW y la Universidad Johns Hopkins exhortan a los cancilleres de los países de América Latina a abordar de manera urgente la situación de los retornados venezolanos, en el próximo encuentro del Proceso de Quito.

Asimismo, instan a que "soliciten al secretario general de la ONU, António Guterres, su intervención para formalizar un programa eficaz de apoyo a los ciudadanos en la frontera entre Colombia y Venezuela, con participación de expertos en salud pública y liderado por la Organización Panamericana de la Salud".

Con EFE