“Tras celebrarse este viernes la audiencia preliminar, el referido juzgado decidió admitir en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los referidos ciudadanos”

Con información de Reuters

CARACAS (Reuters) - Un tribunal venezolano ordenó el viernes iniciar el juicio y mantener una medida de privativa de libertad contra seis exdirectivos de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, a quienes se les acusó de presuntos delitos de corrupción.

Los funcionarios fueron aprehendidos en noviembre del 2017 por la firma de un millonario acuerdo para refinanciar la deuda de Citgo en condiciones desfavorables para Venezuela y que comprometía a la empresa al colocarla como garantía, según informó la Fiscalía cuando anunció la investigación.

Entre los arrestados se encuentra el presidente interino de la compañía de ese momento, José Pereira.

“Tras celebrarse este viernes la audiencia preliminar, el referido juzgado decidió admitir en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los referidos ciudadanos”, informó el Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado disponible en sus redes sociales y sitio de internet.

A los detenidos, algunos con ciudadanía estadounidense, se les imputó por peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación para delinquir en perjuicio del Estado venezolano, el patrimonio público y la empresa Citgo, entre otros.

“(Los involucrados solicitaron) préstamos bajo condiciones desfavorables y ofreciendo como garantía a la propia filial, comprometiendo el patrimonio de la República sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional”, agregó la máxima corte.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, había pedido la liberación de manera inmediata a los seis directivos de Citgo encarcelados en Caracas.

Pence dijo que los directivos —uno de ellos residente permanente y los otros ciudadanos estadounidenses— están siendo “detenidos ilegalmente” por el presidente Nicolás Maduro.

Para la oposición, las investigaciones que se habían iniciado en PDVSA no demostraron una intención genuina del Gobierno de erradicar la corrupción, sino que sólo reflejaron las pugnas internas por la administración de la estatal.