Algunos de ellos -como el exdiplomático y general en retiro Hugo Carvajal- se enfrentan a cargos criminales de Estados Unidos que podrían complicar la decisión política de levantar las sanciones

Con información de Reuters

nmediatamente después de que desertó del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, Estados Unidos levantó las sanciones económicas contra Manuel Cristopher, un general que se había desempeñado como jefe de inteligencia del mandatario socialista.

Pero otros exfuncionarios venezolanos tendrán muchas más dificultades para quedar liberados de las sanciones de Estados Unidos a menos que sigan los pasos de Cristopher y tomen acciones osadas y concretas contra Maduro, de acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno del mandatario Donald Trump. 

“Depende de la persona que desee dar un paso al frente y de lo que tenga que hacer”, dijo el senador Marco Rubio, un republicano de Florida que se ha transformado en una de las voces que más influye en las políticas de la Casa Blanca hacia Venezuela.

“Si ayuda a lograr una transición pacífica a la democracia, incluso aunque estos individuos hayan hecho cosas terribles, yo estaría dispuesto”, dijo Rubio a Reuters.

El uso de sanciones económicas para cambiar las lealtades de oficiales y funcionarios de alto rango en Venezuela es clave en el intento de Estados Unidos por remover a Maduro, cuyo país sufre por una profunda crisis económica y política.

Pero el Gobierno de Trump quiere ver “acciones concretas y significativas” antes de retirar las sanciones a otros exasesores de Maduro.

Algunos de ellos -como el exdiplomático y general en retiro Hugo Carvajal- se enfrentan a cargos criminales de Estados Unidos que podrían complicar la decisión política de levantar las sanciones.

El Gobierno de Trump removió velozmente las sanciones contra Cristopher el 7 de mayo, como un incentivo para convencer a otros oficiales de alto rango a que deserten.

La medida busca recabar apoyo para Juan Guaidó, el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional que invocó la Constitución de Venezuela en enero para autoproclamarse presidente encargado, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima.

Estados Unidos ha puesto en una lista negra a más de 150 funcionarios y empresas venezolanas en la última década por razones que van desde supuesta participación en operaciones de narcotráfico a corrupción y abusos de los derechos humanos.

Normalmente, el proceso de retiro de las sanciones de Washington puede tomar meses -a veces años- de negociaciones con el Departamento del Tesoro.

Incluso para los funcionarios sin activos en Estados Unidos, quedar en la lista negra les imposibilita hacer negocios en dólares estadounidenses fuera de su país. Muchos bancos europeos, asiáticos y latinoamericanos revisan que sus potenciales clientes no estén penalizados, incluso aunque no sea un requisito legal.

“En Colombia, se dice que estar en la lista es la ‘muerte civil’ porque no puedes tener cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito, no puedes tener nada”, dijo Adam Smith, un alto funcionario del Departamento del Tesoro durante el Gobierno del expresidente Barack Obama y ahora socio de la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher.

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