La próxima etapa del proceso es que el estado venezolano deberá informar dentro de tres meses sobre la situación denunciada

Redacción

El pasado 11 de febrero de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abrió a trámite una petición contra Venezuela ante lo que sería la violación de derechos humanos de trabajadores de la aerolínea que a pesar de haber cesado operaciones en el primer trimestre de 1997 e iniciado el proceso de liquidación hasta la presente fecha no han sido satisfechas las obligaciones dinerarias, en particular aquellas que tienen origen laboral como lo son los trabajadores, jubilados y pensionados.

El abogado Roberto Hung Cavalieri, presentó la acción ante la Comisión con sede en Washington en octubre de 2017, donde refirió que los derechos señalados como violados son los de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, derecho de propiedad y de acceso a la información, contenidos en los artículos 8.1, 13 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XVI y XVIII de la Declaración Americana sobre derechos y deberes del hombre y los artículos 26, 49, 115 y 257 de la Constitución venezolana.

"Si bien cuando nos referimos a los derechos fundamentales y su violación, son más visibles aquellos relativos a la vida e integridad física de las personas, otros derechos de igual jerarquía como lo son los de libertad y propiedad, que han resultado absolutamente transgredidos por el estado venezolano cuya responsabilidad internacional se reclama", señaló Hung.

Además, destacó que en el caso particular han transcurrido más de veinte años en que las causas judiciales correspondientes se han iniciado sin que se haya materializado pago alguno de estos conceptos considerados privilegiados, en que muchos trabajadores incluso han fallecido, mientras la situación se agrava ante la dilapidación del patrimonio de la empresa y el envilecimiento de la moneda.

"Si bien la petición fue presentada por uno de tantos afectados, todo aquel que considere que ha sido vulnerado en sus derechos puede hacerse parte en el procedimiento sin necesidad de iniciar una nueva petición", informó el abogado.

La próxima etapa del proceso es que el estado venezolano deberá informar dentro de tres meses sobre la situación denunciada.