El comunicador y activista de derechos humanos no puede ser procesado judicialmente, pues en nueve meses, la fiscalía no ha presentado una sola prueba en su contra

Con información de Espacio Público

La Jueza Yislent Infante Medina presidió una audiencia oral por solicitud de la defensa de Luis Carlos Díaz este 9 de diciembre y decidió extender por un año el plazo para la investigación sobre su caso a pesar de que la Fiscalía no tiene pruebas tras casi nueve meses de investigación. Díaz está acusado de instigación pública, fue detenido después de que el presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente divulgara un video manipulado en el que el periodista y defensor de derechos humanos ofrece recomendaciones para comunicarse en caso de falta de energía eléctrica.

El 12 de noviembre Espacio Público solicitó que se realizara esta audiencia con el fin de determinar, según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el tiempo que el Tribunal otorgaría a la Fiscalía para presentar el acto conclusivo de la investigación, ya que el plazo de ocho meses establecido en la ley ya había culminado, Díaz es inocente, y no hay pruebas en su contra. Esta audiencia oral debía celebrarse a más tardar a los 10 días de solicitada, sin embargo, la cita se dio 28 días después.

En la audiencia oral no se cumplieron las formalidades legales. La Fiscal auxiliar, Mercedes Cabrita,  expuso sus argumentos como si se tratara de una conversación fuera de un Tribunal; luego Luis Carlos Díaz y  su defensa mostraron las diligencias que han presentado ante la Fiscalía desde marzo de 2019, y que aún no tienen respuesta. Además recordaron que la Fiscalía no ha presentado ninguna prueba convincente que sustente el caso contra el periodista y tampoco ha diligenciado frente a la investigación, por lo que continuar el proceso penal implica seguir violando sus derechos humanos.

La excusa para vulnerar los derechos de Luis Carlos Díaz, es que la Fiscalía 67 nacional plena lleva otros casos políticos, por lo que su despacho está muy ocupado para dar respuesta a la investigación contra el periodista. Este argumento no es válido para que en nueve meses no haya habido respuesta a Díaz ni a su defensa; la negligencia e inconvenientes en el Poder Judicial no pueden ser una razón para la violación de derechos humanos, pues el Estado tiene la obligación de velar por la protección de estos derechos y es el responsable de ejercer las medidas necesarias para que se respeten, en cumplimiento de la Constitución Nacional, las leyes, y los acuerdos internacionales.

Yislent Infante Medina es la cuarta Juez que lleva el caso, en un proceso de asignación opaca en el que no se conocen las razones para los cambios, que además afectan la posibilidad de darle respuesta célere a las partes y hacer justicia, pues el tiempo para conocer sobre el mismo se reduce cada vez que el Poder Judicial reemplaza a la persona encargada de decidir sobre el caso.

Puede leer la nota completa aquí.