Decenas de venezolanos reclaman que sus familiares languidecen en este limbo. Pasan meses en centros de detención de todo el país a la espera de ser deportados

Con información de AFP

Los padres del venezolano Francisco Verde estuvieron detenidos nueve meses en Texas porque las autoridades migratorias no podían ejecutar la orden de deportación que pesa sobre ellos, debido a la animosidad entre los gobernantes de Venezuela y Estados Unidos.

Huyendo de la crisis venezolana, Gerardo Verde y Mahidana Mendoza, ambos de 55 años, entraron a territorio estadounidense por la frontera con México en diciembre pasado.

Pero las autoridades les negaron las peticiones de asilo y un juez ordenó en mayo su deportación.

Tras pasar nueve meses detenidos y sin poder ser deportados, finalmente este viernes ambos fueron liberados en suelo estadounidense con órdenes de presentarse en un tribunal.

“Fue una pesadilla total”, dijo a la AFP su hijo Francisco, de 31 años, que vive en Alabama. “No veo la lógica de que hayan tenido que estar tanto tiempo detenidos como criminales cuando vienen pidiendo protección”.

Decenas de venezolanos reclaman que sus familiares languidecen en este limbo. Pasan meses en centros de detención de todo el país a la espera de ser deportados, pero ni tienen noticias de su expulsión ni son liberados en suelo estadounidense.

El fondo del problema, según dijo a AFP un diplomático de la oposición venezolana, es que desde mayo no hay vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, debido a la suspensión del tráfico aéreo ordenada por la administración de Donald Trump en el marco de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

No hay vuelos directos

“Si bien es cierto que puedes tener una orden de deportación, en este momento ejecutarla es sumamente complejo porque no hay vuelos”, dijo Gustavo Marcano, nombrado ministro consejero en Estados Unidos por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela.

Portavoces de la oficina de migración (ICE) no respondieron por el momento las solicitudes de comentarios de AFP.

Marcano detalló que “sí se han producido algunas deportaciones”, haciendo una escala en un tercer país, pero que “éstas responden a los venezolanos que tienen una sentencia criminal” y no a los casos migratorios comunes.

Según el exdiputado, unos 700 venezolanos están detenidos en Estados Unidos, pero esta cifra no discrimina entre presos con sentencias criminales e inmigrantes con órdenes de deportación.

Luego de que este lunes se viralizara un video donde Francisco Verde exponía a la periodista Carla Angola la situación de su familia, una abogada venezolana especializada en derechos humanos recogió 13 casos de detenidos en situaciones similares y el jueves envió un informe con ellos a Carlos Vecchio, nombrado por Guaidó su embajador en Washington.

“El papá de mi hija está detenido (…) desde el 2 de febrero, el asilo le fue negado y tiene orden de deportación (…) No hay manera de deportarlo ya que no hay vuelos directos”, relata una de las mujeres citadas en el informe.

La abogada, Damarys Rangel, quien no ejerce en Estados Unidos sino que puso a los familiares en contacto con abogados locales, dijo que está redactando informes con otros 40 casos de venezolanos detenidos con órdenes de deportación que no se ejecutan.

Un TPS para los venezolanos

Para Marcano, la solución es suspender las deportaciones y otorgar a los inmigrantes venezolanos un permiso de trabajo temporal.

“El gobierno de Estados Unidos no tiene relación con el régimen. Este es uno de los elementos que nosotros esgrimimos al solicitar el estatus de protección a los venezolanos”, dijo.

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, se reunió el jueves con él y Vecchio para abogar por un “estatus de protección temporal” (TPS) que permitiría a los venezolanos vivir y trabajar legalmente.

“Es urgente” que el Congreso apruebe una legislación “que verdaderamente proteja a los venezolanos (…), no por un par de años hasta que sea renovado, sino algo que proporcione a la gente cierta seguridad”, dijo Pelosi en Weston, un bastión venezolano apodado “Westonzuela” al noroeste de Miami.

Un proyecto de ley bipartidista en este sentido está paralizado en el Congreso tras su rechazo en el Senado de mayoría republicana.

Naciones como Haití, El Salvador y Honduras se han beneficiado durante años de este beneficio, pero Trump está haciendo esfuerzos por revocarlo en el marco de sus dura política migratoria.

Como alternativa al TPS, Marcano dijo que su misión también dialoga con el Ejecutivo sobre la posibilidad de que se decrete una medida de suspensión de deportaciones.

Según el Censo estadounidense, para 2017 más de 265.000 venezolanos residían en Estados Unidos. De acuerdo a cifras de la embajada de Guaidó, en realidad son unos 600.000.