Informe conjunto de Human Rights Watch y Foro Penal:  “El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar”

Con información de Associated Press  

WASHINGTON (AP) — Fuerzas de seguridad venezolanas han detenido y torturado a efectivos militares acusados de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según dos prominentes organizaciones defensoras de derechos humanos.

Human Rights Watch y la organización no gubernamental Foro Penal dijeron en un reporte conjunto que las autoridades del país  también han detenido y torturado a parientes de algunos sospechosos con la meta de obtener su paradero.

The Associated Press solicitó una respuesta al Ministerio de Relaciones Interiores, sin obtenerla de inmediato. Las autoridades venezolanas han rechazado denuncias de torturas formuladas por diversas organizaciones y han asegurado que en el país hay respeto pleno de los derechos humanos.

El reporte fue difundido mientras aumenta la presión internacional sobre Maduro, quien planea iniciar el jueves un segundo sexenio que Estados Unidos y al menos una docena de países en el continente consideran ilegítimo.

El informe analizó 12 casos de 2017 y 2018 que involucran a 32 personas, incluyendo efectivos militares y civiles acusados de conspirar contra el gobierno, así como también parientes de sospechosos.

“El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar”, dijo el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. “En algunos casos también van por sus familias u otros civiles cuando no pueden encontrar a los sospechosos”.

El documento señaló que efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) practicaron la mayoría de los arrestos.

Los detenidos denunciaron abusos tales como palizas brutales, asfixia, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.

Vivanco dijo que la información reflejada en el informe se recopiló de primera mano. Investigadores desde el extranjero llamaron a personas residentes en Venezuela, o entrevistaron efectivos militares y sus familias cuando ya habían salido del país.

Además, abogados del Foro Penal ejercieron la representación legal de algunos detenidos en audiencias judiciales.

Ambas organizaciones señalaron que las denuncias coinciden con el desempeño mostrado por las autoridades al reprimir protestas callejeras en 2014 y 2017.

Desde 2014, Human Rights Watch ha documentado más de 380 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra opositores al gobierno, incluyendo al menos 31 casos de tortura en Venezuela.

Más de 12.800 personas han sido arrestadas desde 2014 en relación a protestas antigubernamentales, incluyendo al menos 800 civiles enjuiciados por tribunales militares desde 2017, según el Foro Penal.

Pero las organizaciones denuncian que ningún funcionario de alto rango ha sido sancionado hasta el momento.

“La impunidad ante violaciones de derechos humanos es deliberada en Venezuela”, dijo Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal.

El Instituto CASLA, con sede en Praga y encabezado por la abogada venezolana Tamara Sujú, dijo el mes pasado haber interpuesto ante la Corte Penal Internacional denuncias de 536 víctimas de tortura en Venezuela desde 2014, incluyendo 106 del 2018.

En un paso sin precedentes, seis países pidieron el año pasado a la CPI investigar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La nación caribeña es una de las nueve investigaciones preliminares iniciadas por los fiscales de la CPI.