Hace dos meses la mayoría de los diputados de la Asamblea- firmaron un documento en el que se comprometen a trabajar para recuperar la democracia

Con Información de ABC.es

La nueva directiva de la Asamblea Nacional, que asumirá el 5 de enero, enfrentará múltiples presiones y desafíos para reemplazar a Nicolás Maduro, quien tomará posesión de manera ilegal e ilegítima su segundo mandato de seis años el próximo 10 de enero.

Según los acuerdos de rotación anual, la directiva parlamentaria estará presidida por el joven Juan Guaidó, de 35 años, de Voluntad Popular, partido fundado por Leopoldo López, el primer vicepresidente Edgar Zambrano, de Acción Democrática, y el segundo vicepresidente Stalin González, de Un Nuevo Tiempo.

Hace dos meses la mayoría de los partidos de la oposición y diputados independientes, -112 de los 165 escaños de la Asamblea- firmaron un documento en el que se comprometen a acompañar al Frente Amplio Venezuela Libre y las organizaciones chavistas disidentes en sus luchas para recuperar la democracia y convocar elecciones para elegir al nuevo presidente de la República Bolivariana.

Elección presidencial libre

En ese acuerdo supuestamente post Maduro, la Asamblea Nacional buscará establecer las condiciones de forma perentoria para «una elección presidencial libre» con garantías para todos con partidos legitimados, los viejos y los nuevos, sin presos políticos ni inhabilitados con observación internacional e inscripciones masivas de venezolanos en el exterior, dijo a ABC el diputado Luis Florido, exrepresentante de Voluntad Popular y ahora independiente.

Lo que el documento parlamentario del 13 de noviembre no aclara es cuándo, cómo y en qué condiciones se convocarán las nuevas elecciones presidenciales, algo que preocupa y trae de cabeza a los venezolanos y a la comunidad internacional.

Los sectores que piden mayor definición al parlamento destacan las organizaciones Vente Venezuela de María Corina Machado que le exige que asuma el relevo presidencial y designe a la junta de transición.

La exfiscal general Luisa Ortega Díaz ya ha anunciado que le gustaría integrar esa junta de gobierno desde el exilio.

La sociedad civil, representada por 28 organizaciones vecinales y comunales, también le exige a la Asamblea que concrete la hoja de ruta a seguir. En su carta del 21 de diciembre, dirigida a las fracciones políticas del parlamento, exigen a la Asamblea «convocar elecciones primarias para elegir a los líderes que enfrentarán los retos de la situación actual».

Los parlamentarios han perdido mucha credibilidad por su inacción, división y debilidad frente a los embates del régimen de Maduro. La Asamblea ha producido muchas leyes que han desconocido a Maduro y han cuestionado sus desmanes que han destruido el país y puesto a la fuga a millones de venezolanos en el éxodo.

En el fondo los diputados opositores que dominan el parlamento han sido víctimas de la represión desatada por el régimen. Desde hace tres años los parlamentarios no cobran su sueldo porque Maduro anuló el presupuesto parlamentario. Se diría que ejercen la legislatura por «amor al arte», de gratis. Y la mitad de ellos son perseguidos, encarcelados, inhabilitados y enviados al exilio.

Los desmanes del régimen opresor han dividido a la oposición y favorecido la permanencia de Maduro en el poder. Sus intentos por anular al parlamento, mediante las amenazas y chantajes, han generado desunión y miedo entre los diputados. Nadie ha querido postularse a la Presidencia por temor a ser liquidado en el plano político.

Ausencia absoluta

La Asamblea ha declarado que la reelección de Maduro del pasado 20 de mayo es «inexistente» por lo que anula esa elección y no reconoce su toma de posesión del 10 de enero por fraudulenta e ilegal. En ese sentido el documento de las 28 organizaciones vecinales le exige que asuma el artículo 233 de la constitución en caso de ausencia absoluta, en otras palabras que reemplace a Maduro.

Las asociaciones de vecinos también instan al cuerpo diplomático y a los organismos multilaterales como la OEA, la ONU, Acnur y otros «a no asistir a la toma de posesión del 10 de enero y permanecer en el país», es decir, que los embajadores no se vayan. Piden además un pronunciamiento internacional desconociendo la jura ilegal de Maduro.

Ante tantas presiones el parlamento se debate en cómo reemplazar al usurpador en la Presidencia, que la constitución no especifica el modo de hacerlo porque no previó esa situación. «No confundamos ausencia absoluta con presencia ilegítima, lo que sucederá a partir del 10E es lo segundo y se trata de un caso de usurpación del cargo de Presidente de la República. Será un gobierno de facto (ya de origen) al margen de la constitución»’, asegura José Ignacio Guédez.

El analista Guédez recuerda que la constitución venezolana no prevé nada más que lo consagrado en los artículos 333 y 350 sobre desobediencia civil y derecho a rebelión con el fin de restituir el hilo constitucional y la democracia.

Y aclara que la Asamblea como poder legítimo está llamada a desconocer al tirano y a restituir la constitución. «Es su deber, sin duda, pero no es un derecho exclusivo de ella, ya que los artículos 333 y el 350 convocan al pueblo y a todos los ciudadanos investidos o no de autoridad’».

Hugo Chávez debe estar frotándose las manos en la tumba. Tenía razón cuando decía que la actual constitución de 1999, hecha a su medida, es «la mejor del mundo» porque ha permitido blindar al usurpador, su heredero, en la Presidencia, sin que el parlamento lo pueda sacar ni con una simple moción de censura.