La ONG mediante un comunicado repudió cualquier mecanismo violento que cualquier persona, sea o no parte de la estructura del poder

Nota de Prensa

El Foro Penal Venezolano emitió este jueves un comunicado en el que expresa su rechazo a las decisiones emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados Julio Borges y Juan Requesens, así como la apertura de un juicio a ambos.

En el texto la Ong señala que “las mismas se produjeron sin respetar el derecho a la defensa de los directamente afectados por éstas, sin citarles ni convocarles a exponer o a consignar sus argumentos y alegatos de defensa y sin permitir, ni siquiera, la actuación e intervención de su defensa técnica”.

A continuación el texto completo:

COMUNICADO

FORO PENAL ANTE DESCONOCIMIENTO DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA DE LOS DIPUTADOS JULIO BORGES Y JUAN REQUESENS

Quienes suscriben, directivos, coordinadores regionales y abogados y activistas voluntarios del Foro Penal, ante las decisiones emanadas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 8 de agosto de 2018, que sirvieron de base para que la Asamblea Nacional Constituyente desconociera la inmunidad parlamentaria de los Diputados Julio Borges y Juan Requesens, destacamos lo siguiente:

1) Rechazamos categóricamente las decisiones emitidas en fecha 8 de agosto de 2018 por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de que las mismas se produjeron sin respetar el derecho a la defensa de los directamente afectados por éstas, sin citarles ni convocarles a exponer o a consignar sus argumentos y alegatos de defensa y sin permitir, ni siquiera, la actuación e intervención de su defensa técnica a los efectos de que, en nombre de sus representados pudiesen hacer valer, como lo ordena la Constitución, en todo estado y grado del proceso y de la investigación, sus
derechos e intereses.

2) Rechazamos, de manera igualmente categórica, que la Asamblea Nacional Constituyente, que además fue constituida de manera ilegítima, haya usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) que es el único órgano del Poder Público al que la Constitución vigente, en su Art. 200, le atribuye la competencia de autorizar al Poder Judicial la detención, investigación penal y el enjuiciamiento de diputados electos por el Pueblo soberano y en funciones.

3) En relación a los sucesos del día sábado 4 de agosto de 2018, en la Av. Bolívar de la ciudad de Caracas, que son los que dan motivo a la persecución judicial, previo allanamiento irregular de su inmunidad parlamentaria, no solo de los diputados Borges y Requesens, sino además de varios civiles que aún esperan su presentación ante los tribunales como lo pautan la Constitución y la ley, destacamos:

PRIMERO: Que rechazamos cualquier mecanismo violento que cualquier persona, sea o no parte de la estructura del poder, utilice con la finalidad de hacer valer su visión o sus ideas políticas. Siempre nos hemos opuesto y rechazaremos cualquier tipo de violencia como mecanismo de reivindicación política o de cualquier otro tipo.

SEGUNDO: Exigimos de los cuerpos de seguridad, de la fiscalía y del poder judicial que sobre tales sucesos se adelante una investigación objetiva e imparcial, dirigida a determinar la verdad de los hechos por las vías jurídicas, tal y como lo ordena el Art. 13 del COPP.

TERCERO: Rechazamos que, violentando la garantía de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, y el derecho al debido proceso, se hayan adelantado de manera pública acusaciones y señalamientos contra los supuestos responsables de tales hechos, sin haber hecho las indagaciones de rigor, exponiendo públicamente evidencias que deberían formar parte de las indagaciones, aún en fase preparatoria, y violando con ello los deberes de reserva a los que están sometidas todas las partes y los sujetos procesales en todo proceso penal.

4) Por último, expresamos nuestra grave preocupación al constatar que, desde la simple afirmación de una hipótesis sobre los hechos que no ha sido corroborada por una investigación seria, objetiva e imparcial, se persiga y se criminalice de manera indiscriminada a personas por el simple hecho de ser opositores políticos del gobierno o con la finalidad de mostrarlas como supuestos culpables, sin evidencias que lo acrediten de manera fehaciente e indiscutible, para la consolidación de la narrativa oficial sobre los hechos.

En Caracas, a los 9 días del mes de agosto de 2018.-