El diputado a la Asamblea Nacional señaló que los cuerpos de seguridad en Venezuela deben ponerse del lado de la Constitución y las leyes

Nota de Prensa

Para el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Armando Armas, la comunidad internacional debe prestar su apoyo para facilitar la transición política en Venezuela, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo en contra de Nicolás Maduro, que lo condenó a 18 años y tres meses de prisión por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales.

Destacó que el fallo de los magistrados nombrados por el Parlamento nacional debe ser reconocido por los gobiernos democráticos, quienes deben desconocer a Nicolás Maduro ya que ejerce la presidencia de la República de manera ilegal.

“Así como fue encontrado culpable por corrupción en el caso de Odebrecht, también es culpable de los cientos de jóvenes que fueron asesinados el año pasado durante las protestas, de los miles de venezolanos que han muerto por hambre, falta de medicinas e inseguridad, y de la separación de millones de familias”, dijo.

Armas señaló que los cuerpos de seguridad en Venezuela deben ponerse del lado de la Constitución y las leyes, y proceder a capturar inmediatamente Maduro y llevarlo a Ramo Verde.

Hizo un llamado a sus colegas de la Asamblea Nacional a discutir la sentencia del tribunal, pues considera que los diputados, incluyendo los del oficialismo , deben ponerse de  acuerdo con la instancias internacionales para promover las acciones que el caso amerita.

“Hay quienes pueden decir que la AN se extralimitaría si designa un gobierno de transición. Eso es parte del debate que se debe dar de manera transparente, abierta y de cara a la nación. Cuando fuimos electos en el 2015 y luego de la consulta del 16J del 2017, el mandato se hizo claro: hacer todo lo que tengamos que hacer para recuperar la libertad y transitar a la democracia”, reflexionó.

Argumentó que en Venezuela no hay gobierno, “y la representación del Estado por parte del régimen de Maduro y sus secuaces es rechazada por ocho de cada 10 venezolanos y cuestionada a nivel internacional por las naciones democráticas y especialmente nuestros países vecinos”.