Fuentes de las Fuerzas Armadas confirmaron a El Comercio que con el estado de emergencia en Putumayo se busca “descartar la presencia de grupos disidentes de las FARC en la zona”

Con información de El Comercio

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en la provincia Peruana de Putumayo (Loreto), situada en la frontera con Colombia, a fin de “garantizar la tranquilidad, el orden público y el normal desarrollo de las actividades de la población”.

Mediante la promulgación del Decreto Supremo 075-2018-PCM, el gobierno de Perú estableció que la medida de excepción estará vigente desde hoy lunes por sesenta días del calendario. Durante este período, el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantendrá el control interno en la zona fronteriza.

Del mismo modo, quedarán suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, así como la libertad de reunión y de tránsito en la provincia.

Disidentes en la zona

Según la norma, la decisión del Ejecutivo se basó en dos oficios enviados por la Dirección General de la PNP al Ministerio del Interior, en los cuales se solicitaba la declaración debido a una “problemática advertida” en la localidad loretana. No obstante, esta no fue especificada.

Fuentes de las Fuerzas Armadas confirmaron a El Comercio que con el estado de emergencia en Putumayo se busca “descartar la presencia de grupos disidentes de las FARC en la zona”, así como de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

En abril pasado, Neider Jhonny Machacury Jota, un ciudadano colombiano de 19 años, fue detenido por la policía a pocos metros de un colegio estatal en el distrito de Teniente Manuel Clavero, situado a orillas del río Putumayo.

De acuerdo con los testimonios de agentes de la comisaría local de Soplín Vargas, a los cuales accedió este Diario, el detenido conversaba con dos menores de edad a quienes intentaba convencer de unirse a los grupos disidentes de las FARC “a cambio de dinero e instrucción en el manejo de armas”.

Antes de la detención de Machacury, el Ministerio Público reportó varios casos de secuestros en la zona. En marzo, se registró la denuncia de un morador que manifestó que había sido invitado a participar “en la guerrilla”, y luego fue secuestrado por diez días en un sector de la selva. Huyó del lugar tras haber sido amenazado por “ocho hombres armados”.