Según medios costarricenses, la operación se lleva a cabo a través de la empresa Alunasa, situada en la localidad rural de Esparza, provincia de Puntarenas

Con información de EFE y La Nación

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó, este viernes, que recibió un informe de Estados Unidos sobre supuesto lavado de dinero en la empresa venezolana Alunasa, orquestado por el alto dirigente chavista, Diosdado Cabello.

El Ministerio Público explicó a Efe que el pasado 7 de junio el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) trasladó el informe a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, pero indicó que el detalle del caso es confidencial por ley.

“No se ha abierto ninguna investigación sobre la empresa en cuestión y tampoco se ha ordenado ningún congelamiento de bienes; además, se ignora si otra autoridad judicial o administrativa lo hizo y bajo qué fundamentos”, indicó el Ministerio Público.

Los medios costarricenses informaron hoy sobre el documento publicado en mayo pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual señala que en 2016 Cabello lavó dinero a través de la empresa Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa), con sede en la provincia costarricense de Puntarenas (Pacífico).

Los hechos se remontan a diciembre del 2016, afirma un comunicado emitido el pasado 18 de mayo.

Según la investigación, Cabello ordenó al Ejército venezolano designar empleados en la fábrica Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa) para que supervisaran la operación de lavado de dinero, la cual se efectuó bajo la dirección del exgobernador del Estado de Bolívar, Francisco José Rangel Gómez.

Esta empresa se ubica en la localidad rural de Esparza, provincia de Puntarenas, y según explica en su página web, produce 12.000 toneladas anuales de aluminio y exporta el 97 por ciento de ello a Norteamérica, el Caribe, Centroamérica, Europa y Suramérica.

Cuentas congeladas

Este lunes 11 de junio, el Concejo de Esparza conoció una carta enviada por el presidente de Alunasa, el general de división Noel Rafael Martínez Rivero, en la que reconoce que la empresa sufre cierre de cuentas, bloqueos y otras sanciones que, en su opinión, “parecen tendientes a lograr que Alunasa cierre sus puertas”.

“Por elementos externos, ajenos al normal desempeño de nuestras actividades, nos hemos visto involucrados en señalamientos por parte del Gobierno de Estados Unidos que apuntan a la utilización de la empresa para el flujo de capitales al margen del lícito comercio”, dice la carta del general venezolano.

El documento lo recibió Karol Jiménez, presidenta municipal, de manos de un funcionario de Alunasa.