La nutricionista denunció que las instituciones del Estado se quedaron sin alimentos y que esto afecta a la población que esta bajo su tutela

Con información de Efecto Cocuyo

El 2017 fue el año en el que la comida se consolidó como la herramienta de dominación político-territorial. Así lo explicó la nutricionista y especialista en seguridad alimentaria, Susana Rafalli, en la presentación del Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela correspondiente al año pasado.

“En 2017 se profundizó el uso de lo alimentario como herramienta de control territorial y político”, explicó Rafalli en el informe presentado este miércoles, 13 de junio.

La especialista, a cargo del capítulo Alimentación del reporte, indicó que el uso de la comida como instrumento de control queda evidenciado en elProyecto Campaña Carabobo 2021 del presidente Nicolás Maduro, en la estructura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y en la implementación del carnet de la patria.

Explicó que el Proyecto Campaña Carabobo contempla entre sus objetivos el fortalecimiento de los Clap y la conformación de un nuevo poder popular a través del carnet de la patria. Criticó que la plataforma Somos Venezuela, que inicialmente se postuló como un grupo de brigadistas para apoyar en sistema alimentario, derivara en un partido político.

Rafalli señaló que el aspecto nutricional de la población se vio afectado en 2017 por la ruptura del orden constitucional, la reaparición de enfermedadesya erradicadas, las epidemias que azotan a la población por la falta de cobertura vacunal, las fallas en el suministro de agua y el colapso del sistema público de salud.

“El año pasado hubo una disminución de 52% en las importaciones y nuestro sector productivo tiene capacidad para producir 30% de las necesidades alimenticias de la población”, dijo.

Insistió que la oferta de alimentos no es suficiente para cubrir los mínimos de energía requeridos para toda la población y agregó que se estima que la que la oferta alimentaria posible (disponibilidad para consumo humano de energía alimentaria por persona por día) es inferior al 95%.

La nutricionista denunció que las instituciones del Estado se quedaron sin alimentos y que esto afecta a la población que esta bajo su tutela, entre ellos hospitales, psiquiátricos, casas de abrigo para niños y ancianos, cárceles y comedores estudiantiles.

También destacó la violencia generada por el hambre: como la compra de los alimentos por cucharadas, las agresiones en las colas de comida, el robo de locheras, los hurtos y “el sexo transaccional a cambio de la obtención de cajas Clap“.