Fedeagro y Cedice consideran que las medidas de Chávez y Maduro acabaron con campos de producción agropecuaria, y han llevado a Venezuela al hambre

Con información de El Nacional

Más de cinco millones de hectáreas productivas expropiadas es el saldo de la “guerra contra el latifundio” que inició el presidente fallecido Hugo Chávez Frías en 2005, y continuó su sucesor Nicolás Maduro. “De producir alimentos para todos los venezolanos ahora esas tierras solo producen lástima”, aseguró Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro.

Sostuvo que la política expropiatoria es una de las responsables de la caída de la producción de todos los rubros que el gremio ha registrado desde 2007. “El resultado de esa ‘guerra contra el latifundio’ es un fraude. Esas tierras se las entregaron a campesinos sin ningún tipo de ayuda como financiamiento, capacitación, asistencia técnica e insumos. Ahora no producen nada”.

Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, aseveró: “Las políticas de expropiaciones y de control nos llevaron al hambre. El gobierno se encargó de acabar lo que expolió. Prácticamente destruyó al campo”.

En mayo de 2009, el Instituto Nacional de Tierras tomó “arbitrariamente 100 de 210 hectáreas del fundo San Luis, en Calabozo, estado Guárico, por considerarlas ociosas”, contó uno de los trabajadores del fundo, que prefirió no identificarse. Dijo que los propietarios eran productores de ganado. El terreno albergaba 400 animales: vacas, ovejas, caballos, yeguas y ganado. Cada año sacaba una buena cantidad de carne para el consumo.

Solo cinco meses después, el gobierno les tocó nuevamente la puerta. Willian Lara, en ese entonces gobernador de Guárico, visitó el terreno el 2 de octubre acompañado de funcionarios del INTI y  militares, quienes dijeron que rescatarían las tierras por causa de utilidad pública para producir más alimentos.

El trabajador relató que tuvieron que convivir con seis trabajadores de la Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria. “Veíamos cómo acababan con todo. Se murieron más de 200 reses”, dijo.

A pesar de que el propietario logró quedarse con 86 hectáreas, el 21 de noviembre de 2015 se vio obligado a abandonar junto con su familia el hogar que le pertenecía desde 1986 por la inseguridad. Ahora el fundo está abandonado y destruido. El trabajador aseguró que las 124 hectáreas expropiadas no fueron indemnizadas. “El gobierno se las robó”, afirmó.

El año pasado continuaron las violaciones a la propiedad privada. De acuerdo con Cedice, en 2017 se expropiaron 208.000 hectáreas en estados de vocación agrícola según el balance anual del Instituto Nacional de Tierras, medida que afectó 73 predios.

El martes pasado, en un acto en el Palacio de Miraflores con campesinos, Maduro les prometió que les entregaría 44.000 hectáreas, y añadió que se sumaría a las 6 millones de hectáreas entregadas durante la gestión chavista.

“Quiero una investigación seria para castigar severamente a los que se alían con los terratenientes. Prohíbo totalmente los desalojos a las comunidades campesinas”, dijo. Sin embargo, el mandatario no mencionó nada sobre el colapso de la producción agrícola privada por falta insumos, inseguridad jurídica e financiamiento, y que apenas puede satisfacer 25% del consumo.

Carrasquero alegó que desde 2005 el gobierno ha vulnerado el derecho de propiedad de los productores agropecuarios, lo que significa que violó el artículo 115 de la Constitución, el cual establece: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”.

El presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, precisó que solo 3% de 5,8 millones de “hectáreas confiscadas” han recibido indemnización.