La parlamentaria, Delsa Solórzano denunció que se violó el principio de inspección ocular, no se fijó fotográficamente a los cadáveres ni el lugar

Con información de EFE

La Asamblea Nacional dio un paso más allá en su búsqueda de responsables por la muerte del ex policía Oscar Pérez y seis integrantes de su grupo sublevado, tras informar que solicitarán a la Corte Penal Internacional que investigue la que califican de la “masacre de El Junquito”, reseñó Efe.

Sobre la decisión informó Delsa Solórzano, presidente de la comisión especial designada el 17 de enero,  dos días después de que Pérez y sus compañeros fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en un operativo calificado por la diputada de ejecución extrajudicial y criticado por diferentes ONG.

“Hoy mismo está siendo remitida la solicitud vía electrónica a la Corte Penal Internacional para que abran la investigación de oficio”, declaró la también presidente de la Comisión de Interior, al referirse a una de las conclusiones del informe final que estudió el caso durante mes y medio.

El 15 de enero, Pérez y sus compañeros Abraham Agostini, Daniel Soto, José Díaz, Abraham Lugo, Jairo Lugo y Lisbeth Ramírez fueron asesinados en el enfrentamiento que, según el gobierno, mantuvieron con las fuerzas de seguridad y en el que utilizaron armamento de guerra como se ve en varios videos. Sobre estas acciones, Solórzano indicó que enviarán a la CPI pruebas de cómo todos ellos “resultaron asesinados (...) con tiro de gracia en la cabeza”, según consta en las actas de defunción que días después recibieron los familiares.

Afirmó que, de acuerdo con los familiares, todos los cuerpos presentaron heridas de arma de fuego, y aseguró que solo en el acta de defunción de Agostini se especificó que murió a causa de un proyectil único. “Los demás no dicen cuántos tiros tenían (...) no lo sabemos”, expresó la diputada por Un Nuevo Tiempo sobre el resto de las actas de defunción.

Esta fue una de las irregularidades por las que el Parlamento inició una investigación independiente de otros organismos que considera pro gobierno y que finalmente los llevó a presentar la solicitud ante la CPI. Hubo una “clara y franca denegación de justicia”, pues a la comisión se le negó, entre otras cosas, acudir al lugar o realizar una planimetría del operativo.

Solórzano denunció que “se violó el principio de inspección ocular, no se fijó fotográficamente a los cadáveres ni el lugar” en que ocurrió el suceso, en una casa en El Junquito. “Se violó todo el procedimiento de manual criminalístico de custodia”,  precisó.

La comisión especial estableció una “cadena de mando responsable de los hechos” desde el presidente Nicolás Maduro y que implica al Ministerio de Defensa, del Interior, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, el Servicio de Inteligencia y a los funcionarios actuantes en la operación.

Aseguró que mantienen las investigaciones por los dos funcionarios policiales que también murieron en el operativo del 15 de enero, uno de los cuales tenían doble identidad y formaba parte de un colectivo del 23 de Enero.