La Fiscal General afirmó que está esforzándose para que en estancias internacionales se escuche la voz de los venezolanos

Con información de El Nacional

La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional se reunió este miércoles vía Skype con Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, que anunció que solicitará la expulsión de la embajadora de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), Haifa El Aissami.

Ortega Díaz  informó que solicitará al Parlamento de Holanda que estudie la posibilidad de expulsar a la embajadora de la CPI en Venezuela. “Se ha convertido en un elemento perturbador en cualquier investigación de violación de derechos humanos contra altos funcionarios del gobierno venezolano”, indicó.

En la reunión de la comisión, presidida por la diputada Delsa Solórzano, se acordó entregar a la fiscal las pruebas e informes realizados durante la investigación del caso de la muerte de Óscar Pérez, exinspector policial, y sus compañeros. 

Solórzano anunció que le entregaran a Ortega Díaz el informe con las pruebas del asesinato de Pérez y sus compañeros en El Junquito la mañana del 15 de enero. 

La exiliada política dijo que las víctimas fueron “vilmente ejecutados" por efectivos de seguridad del Estado. "Fue una operación desproporcional ejecutada con armas de guerra”, aseguró. 

La fiscal rechazó que el gobierno considere adelantar las elecciones parlamentarias, a pesar de que Asamblea Nacional aun tiene mandato vigente hasta 2020.  

“Por cumplir mi rol y oponerme a la muerte del derecho, a la persecución contra quienes piensan distinto y a la represión, fui destituida arbitrariamente y eso es lo que pretenden hacer ahora con el parlamento”, comentó Ortega Díaz.

"Nuestro país es un caos. Los únicos delincuentes que han asaltado el poder son los que tienen el control total de los órganos constitucionales”, resaltó Ortega Díaz.

Afirmó que está colocando todo su esfuerzo para que en las estancias internacionales se escuche los casos de Venezuela.

Ortega Díaz reconoció el trabajo de la Comisión Permanente de Política Interior, y les solicitó que le envíen la información sobre los más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos en el país.