Cada vez es más evidente el descuido y mal manejo del presupuesto por parte del Estado. El Grupo Interdisciplinario para la Emergencia Humanitaria Compleja (GIECH) afirma que en el país vivimos la más grave crisis hospitalaria

Redacción / Sofía Gamboa

Seis meses han pasado desde la última vez que Luis Alberto Torres, 37 años, recibió la dosis necesaria de Inmonoglobulina, una proteína plasmática que actúa como anticuerpo, debido a que padece una enfermedad congénita y hereditaria, la Agammaglobulinemia de Bruton.

Este trastorno genético impide que el cuerpo de Luis Alberto produzca anticuerpos, haciéndolo propenso a presentar distintas infecciones desde su nacimiento. Luego de ser diagnosticado a los 10 años de edad en Boston - Massachusetts - Estados Unidos, comenzó a recibir su tratamiento en el Hospital Militar de El Tigre con regularidad y sin inconvenientes.

“La última vez que Luis recibió su tratamiento fue en junio. En el Hospital General de El Tigre deberían proveernos la Inmonoglobulina, pero no hay”, cuenta Lucía Torres, madre de Luis Alberto, quien agregó que “5 gramos salen en 500 $ en Colombia y él necesita 10 gramos. Por ahora, no hemos conseguido como traerlo porque necesita estar refrigerado”.

Al igual que este caso, hay miles de venezolanos que enfrentan estas adversidades en el país, donde los sanatorios públicos no tienen insumos, maquinas necesarias para los chequeos de los pacientes, personal suficiente ni camillas para atenderlos como se garantiza en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Artículo 83 La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.”

33% de las camas del país se encuentran inoperativas, sólo un hospital puede prestar el servicio de resonancia magnética y tomografía, el 43% de los centros no tiene capacidad para hacer estudios de laboratorio, según estadísticas publicadas por la Organización Médicos por la Salud, las cuales evidencian la realidad de la crisis hospitalaria de la nación.

Crisis humanitaria compleja

Las crisis humanitarias son situaciones que generan pérdidas materiales, sanitarias alimentarias o humanas, su gravedad supera la capacidad del Estado y la sociedad de resolver estos casos. Generando la necesidad de la asistencia humanitaria de otros países.

Estas pueden diferenciarse por su origen: desastres naturales, guerra o inestabilidad política y abusos de poder, siendo esta última una crisis humanitaria compleja. La abogada Alejandra Olivares, quien forma parte del Grupo Interdisciplinario para la Emergencia Humanitaria Compleja (GIECH), afirma que en el país vivimos “la más grave de estas crisis”.

“En Venezuela estamos en presencia de una emergencia humanitaria compleja, todos sabemos la situación que estamos viviendo en diferentes áreas. Específicamente, en materia salud”, expone la abogada Alejandra Olivares quien explicó que “el Estado tiene la responsabilidad de cumplir las obligaciones del derecho a la salud de los ciudadanos”.

Crisis en el oriente del país

El Hospital Universitario Dr. Luis Razetti (HULR), inaugurado en 1962 en Barcelona – Anzoátegui, es el centro de salud más grande del estado y suele recibir pacientes de toda la zona oriente del país.

En su apertura fue uno de los más avanzados y completos centros de salud del país, pero, al igual que el resto de los sanatorios de Venezuela, se encuentra en un descuido por parte de los entes responsables. Basura y heces forman parte de la decoración del Razetti en la actualidad.

A nivel nacional hay miles de quejas de usuarios de los hospitales públicos al no ser bien atendidos, ya sea por la falta de personal, de insumos o de equipos médicos que sirven para el diagnóstico de enfermedades. En el mismo informe del GIECH, se revela que en el Hospital Razetti el 50% de los equipos se encuentran averiados, sólo el 30% de los quirófanos están funcionando y sólo el 2% de laboratorios están trabajando.

Además de ser un centro de atención de salud, el HULR también funciona como casa de estudios teóricos y prácticos para los estudiantes de medicina de la Universidad De Oriente (UDO), estos también se ven afectados por el estado en el que se encuentran las instalaciones. Antonia Gómez, estudiante de medicina del onceavo semestre explica cómo es estudiar ahí.

“Se nos han roto los uniformes, debido al descuido que tienen los pupitres. No hay aire acondicionado ni ningún tipo de ventilación”, expuso Gómez y además destacó que un médico en formación debe tener no sólo teoría, sino también hacer las prácticas clínicas necesarias para el entrenamiento, lo cual es “imposible” debido a que no hay equipos ni insumos necesarios.

Salud pública: solución o devastación

A las 4 am se encontraba José Rivas, de 72 años de edad, haciendo una cola para ser atendido en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI). Tenía una hernia inguinal que necesitaba ser extraída. Operarse en un centro privado no era opción, no contaba con el dinero suficiente para pagar una cirugía, pero en este ambulatorio del gobierno pueden hacerlo gratis.

Los altos costos de las operaciones en las clínicas privadas, genera que muchos ciudadanos recurran a un CDI, los cuales forman parte de la Misión Barrio Adentro. Esta misión fue creada en el año 2003 por el difunto presidente Hugo Chávez, y tiene como objetivo la creación de consultorios populares en zonas de pobreza, la atención médica preventiva y gratuita, contando con el apoyo de miles de médicos cubanos.

Estos doctores han sido criticados desde un principio por médicos venezolanos, debido a que afirman “no estar debidamente preparados”. El doctor Roberto Pérez, cardiólogo, opina que “no deberían permitir que ellos laboren en el país, la medicina que ellos estudian es general y normalmente no hacen especializaciones, además de que su carrera universitaria es corta y pienso que no tienen suficiente práctica”.

“Una persona me dijo que la cirugía de mi hernia me la podían hacer en el CDI de Campo Claro en Barcelona, pero el problema era que había que hacer la cola desde las 3 am y yo vivo en Puerto Piritú”, relató José Rivas quien confesó que si logró operarse ahí pero con ayuda de una “palanca”.

“En esos días me encontré a un sobrino, él ya había sido operado ahí y conocía a una doctora cubana. Habló con ella y me hicieron los exámenes de rutina para luego realizar la cirugía”, reveló el septuagenario y agregó que “es lamentable que tengan que hacerse así las cosas, a través de amigos y como favores. En Venezuela siempre ha sido así”.

No todos corren con la misma suerte. Las personas realizan la fila desde la madrugada para obtener un número y esperar que llegue su turno para ingresar a la consulta. Normalmente, algún familiar o amigo hace fila por ellos. Hay otros que le pagan a alguien para que lo haga.

Luego de ser atendidos, muchos empiezan un viacrucis por las farmacias de la zona para conseguir el tratamiento recetado, aunque no siempre fue así. “En los centros de Barrio Adentro antes entregábamos las medicinas que necesitara el paciente para sus afecciones, se ahorraban dinero y empezaban de una vez el tratamiento”, expresó el médico Leónides Echeverría, quien es cubano y forma parte de la Misión desde hace 10 años.

“Me encanta Venezuela y no me gustaría irme, pero prefiero devolverme a mi país. Aquí estamos trabajando con lo poco que queda, ya no tenemos medicamentos para dar y casi no llegan los materiales necesarios”, admitió Echeverría. De ser una emergencia, primero se revisa al paciente y le indican qué comprar para poder atenderlo, debido a que normalmente no cuentan con los insumos necesarios.

Decretos que no solucionan

El 12 de diciembre del presente año, Aristóbulo Istúriz, vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y Territorial, presentó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el presupuesto para el 2019 en el Área Social. Donde calcula que 81 mil millones de bolívares soberanos sean destinados para la compra de medicamentos e insumos médicos, además de mejoras en los centros de salud pública del país.

En la estimación para este año habían asignado 20.000 millones de bolívares soberanos, pero pareciera que este dinero no fue suficiente para cubrir las necesidades de los sanatorios públicos. Según la organización Transparencia Venezuela, “las grandes asignaciones de dinero contrastan con las persistentes denuncias por el mal funcionamiento de los centros de salud públicos del país y las fallas de equipamiento.”

“La falta de planificación del gobierno ha conducido a un mayor financiamiento del gasto público a través del aumento de la liquidez monetaria, la más perversa de las fuentes de financiación”, explica la organización civil en su página web.

Mientras continúe el mal manejo de fondos por parte del Gobierno, miles de personas seguirán muriendo anualmente por la ineficiencia detrás del sistema de salud público. Los venezolanos siguen esperando respuestas o mejoras por parte de los entes competentes, entre ellos Luis Alberto, quien espera algún día poder ir a ver un juego de los Leones del Caracas, su equipo de béisbol favorito.