Concejal denuncia que intentan imponer más cargas impositivas a las empresas y comercios sin considerar el riesgo que ya corren con controles de precios

Redacción El Mercurio Web

El concejal del municipio Caroní, Iván Yáñez, denunció este miércoles que el alcalde de dicha jurisdicción del estado Bolívar, Tito Oviedo, pretende terminar de quebrar al municipio, a propósito de una nueva ordenanza que ha aprobado, en primera discusión, vía Cámara Municipal (de mayoría oficialista) con la que pretende imponer más cargas impositivas a las empresas y comercios sin considerar el riesgo que ya corren con controles de precios y multas que amenazan a un sector a punto de cierre.

El edil, calificando la medida de inconstitucional, recordó que la manera de establecer tributos va sujeto al impacto que esto tiene en la sociedad. Enfatizó que en este caso en particular,  lamentablemente, las propuestas que se hacen desde el ejecutivo municipal  en materia de tributos para la población responden a un sistema de totalitarismo y de centralismo económico.

“El alcalde del municipio Caroní está fomentando la destrucción del aparato productivo, cercando al sector comercial con una ordenanza que más allá de lo inconstitucional, proviene de un modelo económico fracasado. El tema no está en pagar más impuestos por parte de las golpeadas empresas que hoy tenemos, debemos impulsar el crecimiento del sector comercial para que haya más empresas que paguen impuestos”, insistió  el dirigente político.

En contraposición a este panorama, Yáñez apelando al artículo 316 de la Constitución vigente y que tipifica la protección  a la economía nacional, ha venido estableciendo mesas de trabajos con los representantes de Fedecámaras y sus diversas filiales en la región, así diversos gremios para combatir lo que pretenden hacer contra el sector privado. “Basta de ataque al sector privado, el país requiere que Estado y empresas establezcan lazos para superar la crisis”, puntualizó.  

En tal sentido, instó al Poder Legislativo del municipio Caroní a asumir su papel contralor y fiscalizador en función de velar por los intereses de los ciudadanos y los diferentes sectores de la sociedad y no de una cúpula que busca imponer un criterio único. “Lamentablemente mientras más tasas y tarifas sean impuestos a los comerciantes que hoy se les dificulta producir y comercializar, peor será la situación económica de una región que pudiese ser potencia nacional y en la que no dependamos del petróleo, sino de otros sectores como el comercio y el turismo”, dijo.