La parlamentaria Delsa Solórzano indicó que solicitarán al Gobierno “una indemnización a todos los hijos y familiares de los caídos en la masacre

Redacción

La Asamblea Nacional solicitará “la autopsia de cada uno de los caídos en el asesinato de Óscar Pérez, Daniel Soto, Abraham Lugo Ramos, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Lisbeth Ramírez es la única que nos indicará la verdad sobre este hecho”.

Así lo informó este lunes en rueda de prensa la presidenta de la comisión de política interior e integrante de la comisión que investiga la masacre de El Junquito, Delsa Solórzano, tras presentar un informe preliminar sobre este caso.

La parlamentaria destacó que “en la Morgue de Bello Monte se nos negó que Lisbeth Ramírez estuviera embarazada. Por eso no querían que nadie manipulara los cadáveres. Pero los familiares vieron los cuerpos”.

Detalló que “en los certificados de defunción, los seis varones tienen registrados tiros en la cabeza, en algunos casos múltiple, otros con disparo único. Mientras que la fémina presentó un tiro en la cervical pero también a la cabeza. Repito, hay un patrón y eso señala el ajusticiamiento. Tenemos los testimonios de los familiares de cómo estaban cada uno de los cuerpos. Esto habla de un patrón. Por eso es importante que estas dudas pueda aclarar un forense”, insistió.

Igualmente Solórzano indicó que solicitarán al Gobierno “una indemnización a todos los hijos y familiares de los caídos en esta masacre. Todos los niños hijos de los masacrados deben ser indemnizados por obligación del Estado así como a las viudas. Al Ministerio Público solicitamos pronunciamiento sobre las actuaciones realizadas al caso de la masacre, pero no hemos recibido respuestas. En la Defensoría del Pueblo tampoco nos han respondido, organismo al que solicitamos además, la investigación de los fallecidos en el operativo”.

Finalmente la diputada denunció que “hay serias amenazas contra varios familiares de los asesinados en El Junquito, amigos cercanos, incluso de empleadores de las personas asesinadas. Ellos requieren protección y se supone que Estado debería dárselas. Ha habido allanamientos, lesiones graves, torturas. Todo esto constituye una gravísima violación de Derechos Humanos de la cual han sido víctimas estas personas. La violación de Derechos Humanos no prescribe. No se trata de intervención ‘yankee’ sino de una violación de derechos humanos”, sentenció.