Solicitan al Ministerio Público y a la Defensoria del Pueblo velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de los periodistas y activistas de la democracia

Redacción 

Miembros de Expresión Libre, comunicadores por la paz y la democracia entregaron sendas comunicaciones a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la República, junto a dirigentes estudiantiles de las escuelas de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Santa Rosa, en las que se solicita a ambas instituciones velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de los periodistas y activistas de la democracia, dada su injustificada privación de libertad y deplorables condiciones de reclusión en las que se encuentran.

Refiere la comunicación que, en el caso del periodista Carlos Julio Rojas, el pasado 6 de julio, luego de realizar una compra de víveres, fue apresado en San Bernardino de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional y permaneció detenido 96 horas entre el Sebin y la PNB, esposado y con presos comunes, sin el debido proceso. Luego el Tribunal Militar Segundo de Control en Fuerte Tiuna, le dictó privativa de libertad por los presuntos delitos castrenses de traición a la patria; contra la integridad, independencia y libertad de la nación; rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada. Hoy se encuentra recluido en Ramo Verde.

“Diversas organizaciones gremiales y de derechos humanos han condenado ‘el secuestro y posterior privativa de libertad, ordenada por un tribunal militar con delitos forjados’ al que ha sido sometido Rojas desde el pasado 6 de julio y han emplazado al Gobierno para que deje en libertad al periodista y cese en su empeño por generar miedo en quienes son críticos, cuestionan su gestión y se asocian para generar cambios en el marco de la Constitución de la República”.

La ONG de periodistas, Expresión Libre y los líderes universitarios, de igual manera solicitan la intervención de la Fiscalía y la Defensoría en los casos de los periodistas zulianos, Alberto Cabrera y Antonio Medina, ambos egresados de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Además, exigieron garantías para los derechos de la periodista, Oscaremys Bello, quien según ha denunciado la Seccional del Colegio Nacional de Periodistas del estado Miranda, fue objeto de una aprehensión “arbitraria e ilegal” por parte de funcionarios de la Guardia Nacional (GN), mientras se encontraba ejerciendo su labor profesional en la cobertura de una protesta de empleados de la Gobernación de Miranda, la mañana del lunes 7 de agosto, en la ciudad de Los Teques.

La comunicación entregada tanto a la Fiscalía como a la Defensoría fue firmada por los periodistas Silvia Alegrett, Gregorio Salazar, Luis Zambrano, Marisela Alvarado y Juan Vicente Gómez. También por el bachiller, José Camacho, representante estudiantil de la Escuela de Comunicación Social de la UCV y por los bachilleres, Rayber Alvarado y John Chanchamire, del Movimiento Estudiantil de la Universidad Católica Santa Rosa.