La coordinadora del movimiento Anzoátegui Plural, muestra preocupación por el poco acceso que está teniendo la población al sistema de justicia debido a la subordinación de los poderes

Nota de Prensa

Barcelona, Anzoátegui- Desde el pasado mes de abril, en Venezuela se vive una especie de “Golpe de Estado” luego de que el Tribunal Supremo de justicia (TSJ) emitiera dos sentencias en las cuales le otorga facultades al presidente de la república que antes no las tenía y se atribuye para sí, competencias del poder legislativo actualmente en manos de una mayoría opositora. 

Tal subordinación de poderes, ha traído como consecuencia que los ciudadanos cada vez estén más desvalidos, pues cada vez son menos los espacios a los que acudir para dirimir disputas que suelen resolverse ordinariamente en los órganos que hoy controla completamente el gobierno de Nicolás Maduro. 

“En Venezuela, hoy en día no existe una división, una independencia de los poderes. El Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial, al Poder Electoral y al Poder Ciudadano y eso es muy peligroso” manifiesta Salazar. 

Una situación que se ha estado presentando durante los últimos días, es la negativa del Poder Judicial para recibir las denuncias de la ciudadanía en torno a las irregularidades que han cometido representantes del actual gobierno. 

“Cuando el sistema de justicia no recibe las pretensiones de los ciudadanos los obliga que estos busquen otros caminos para hacer justicia. Ello viene a ampliar los problemas de institucionalidad que en estos momentos vive el país” explica la vocera del movimiento Anzoátegui Plural. 

TSJ ¿imparcial?

Lo ocurrido recientemente con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a quien no le admitieron un recurso en contra de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) interpuesto ante la Sala Electoral del TSJ, deja en evidencia que este organismo “blinda” con sus decisiones al gobierno que actualmente dirige Nicolás Maduro. 

“El TSJ se hace los trajes a la medida del Presidente Maduro, eso lo vemos reflejado cuando válida el decreto de emergencia económica en el cual condensa todos los poderes públicos, lo autoriza a suscribir contratos y préstamos sin autorización de la Asamblea Nacional,  vacía y asume competencias de la AN, por último ordena a los tribunales que no reciban, ni siquiera es que nieguenuna solicitud, así se está dejando a la ciudadanía en indefensión sin capacidad para exigir sus derechos” explica la también Doctora en Gobierno y Administración Pública. 

Es por esa razón que Salazar mantiene firme la propuesta de mantenerse en las calles de manera pacífica, para exigir el restablecimiento de la institucionalidad en el país. “Eso que está haciendo el gobierno es inaceptable, menos en una sociedad que se dice democrática por eso casa día cobra más importancia la resistencia pacífica y la aplicación del artículo 350” Destaca Salazar.