Atrapado ya de manera irreversible en el dilema del tirano, Maduro decidió apagar el incendio con gasolina convocando a una Asamblea Nacional Constituyente

Redacción

El diario norteamericano New York Times reseñó análisis de la crisis socio política que mantiene en las calles de Venezuela a cientos de miles de personas manifestando su descontento contra las medidas del gobierno de Nicolás Maduro.

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NUEVA YORK — La crisis venezolana es larga, total y tan profunda que el adjetivo “abisal” le hace justicia. Una crisis de estas dimensiones obedece a diversos factores y son muchos los nombres de los responsables. El mayor, por las decisiones que ha tomado en los momentos dilemáticos de este prolongado proceso, es Nicolás Maduro, el presidente que escogió convertirse en dictador.

A partir de diciembre de 2015, cuando perdió de forma contundente las elecciones legislativas, Maduro se ha inclinado invariablemente por la opción no democrática ante cualquier disyuntiva importante. Pocos días después de proclamada la Asamblea Nacional (AN), comenzó a asediarla para evitar que tomara la iniciativa de convocar a un referendo revocatorio con el fin de removerlo del poder. Para ello, inhabilitó a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a todos los diputados del estado Amazonas, eliminando la mayoría calificada que la oposición había ganado en las urnas.

Luego, cuando las fuerzas opositoras buscaron el referendo por la vía popular, con el 20 por ciento de las firmas de los electores, el gobierno de Maduro estableció un engorroso procedimiento no previsto en la ley, con la idea de abortarlo. La oposición, sin embargo, superó todas las barreras burocráticas y logró mantener viva la solicitud. Entonces, entre tolerar o no que los electores decidieran su suerte, Nicolás Maduro optó por cancelar el proceso a través de unos jueces penales de provincia.

Empujado por la presión en la calle, Maduro propuso un diálogo que contó con los buenos oficios de varios expresidentes de países amigos, el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y un enviado del Vaticano. Las demandas de la oposición eran y siguen siendo un mantra: libertad de los presos políticos, cronograma electoral, abrir canales para ayuda humanitaria y reconocimiento de la AN. Tales demandas, según demuestra la carta enviada al gobierno por el representante del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, fueron convenidas por el chavismo en la mesa. Nicolás Maduro desconoció los acuerdos y cerró la posibilidad de una salida democrática y electoral.

A fines de marzo, el TSJ decidió liquidar de manera definitiva a la Asamblea Nacional y la dejó sin potestades legislativas. Técnicamente, fue un golpe de Estado. El tsunami que se levantó en contra de tales decisiones —que incluyó a la fiscal general de la república, Luisa Ortega, hasta ese momento ficha del chavismo— fue de tal magnitud que un par de días más tarde, a solicitud expresa de Maduro en cadena nacional de radio y televisión, el TSJ echó atrás sus decisiones. Esa “rectificación” no hizo sino alimentar la protesta porque demostró de forma grotesca el sometimiento del máximo cuerpo judicial a las directrices del presidente.

Atrapado ya de manera irreversible en el dilema del tirano, Maduro decidió apagar el incendio con gasolina convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Con ella pretende saltarse el requisito de un referendo establecido en la propia Constitución para su convocatoria y, de paso, liquidar el principio de la universalidad del voto.

Elecciones, pero no libres ni universales, esa es la oferta de Maduro. Ya el Consejo Nacional Electoral estableció que para finales del mes de julio se escogerán a los constituyentistas y las elecciones regionales finalmente se celebrarán el próximo 10 de diciembre, aunque la oposición continúa con las movilizaciones de calle.

La conclusión es clara: entre ser un demócrata o un dictador, Maduro ha escogido lo segundo. A diario lo ratifica con la represión más brutal de la historia moderna del país. Según cifras del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental, en más de 50 días de protestas han fallecido 41 personas en las manifestaciones, además murieron 18 ciudadanos más en los saqueos y las barricadas. El foro ha registrado 2728 arrestos durante las protestas, de los cuales 1156 personas aún se encuentran detenidas. De esa cifra, 338 ciudadanos han sido presentados ante los tribunales militares que han privado de libertad a 175.

Las calles de los sectores con protestas más fuertes han sido asaltadas por bandas de motorizados armados y apoyados por el gobierno. Estos criminales han asesinado, saqueado comercios, destruido propiedades y atacado directamente a hogares. Paralelamente, la Guardia Nacional Bolivarianaactúa como un ejército de ocupación que reprime con saña e incluso protege a las huestes motorizadas.

La protesta continúa pero la crisis pareciera estar en un punto muerto. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. En lo interno, la protesta callejera y la situación económica son factores que presionan al gobierno de manera sustantiva.

Las manifestaciones de la oposición han sido enormes, valientes y fervorosas. Pero convertirlas en una rebelión popular que obligue una salida de Maduro demanda un grado superior de organización y movilización. En principio para mantenerlas dentro de parámetros pacíficos, a pesar de la violencia ejercida por guardias y paramilitares, y también para lograr una base popular más amplia. ¿Cuánto tiempo más pueden mantenerse? Prosiguen tras casi dos meses de su inicio. Cuentan con un aliado fundamental para ello: la situación económica del país signada por el hambre y las enfermedades, y sin políticas creíbles que puedan aliviarlas. Mientras esa situación se mantenga, habrá gente protestando en la calle.

Los militares tienen un papel crucial en este contexto. El llamado que hacen millones de ciudadanos en las calles a que se sumen a quienes defienden la Constitución, algún efecto ha de tener. Sin embargo, por lo pronto se han mantenido formados disciplinadamente detrás de sus mandos. Son el único factor interno que, con amplio respaldo popular, puede inclinar la balanza y abrir una salida a la crisis.

Así las cosas, destrancar el juego en Venezuela depende en gran medida de una acción internacional seria que promueva, con las debidas garantías para los actores gubernamentales, una salida electoral y una transición pacífica. La solución debe construirse con fineza política para no abrirle posibilidades a una interminable anarquía o una guerra civil.

Nada fácil porque, salvo que se organice un intento de negociación a través del secretario general de la ONU, António Guterres, no se percibe ninguna otra posibilidad en el horizonte que pueda convencer a las partes.