​El diputado Armando Armas (VP)vice presidente de la Comisión de Defensa de la AN asegura que el titular de la Defensa se burla de la población al afirmar que “las protestas no se tocan ni con el pétalo de una rosa"

Con información de nota de prensa

A través de un comunicado el diputado opositor se pronunció aseverando que nuevamente, el pueblo venezolano es víctima del ataque desmedido del Gobierno y la Fuerza Armada Nacional. Las manifestaciones pacíficas emprendidas para exigir la restitución del hilo constitucional, han dejado seis familias enlutadas en apenas una semana. Las órdenes expresas de estas perversas actuaciones provienen del régimen de Nicolás Maduro y son ejecutadas por el ministro de la Defensa, (G) Vladimir Padrino López.

La muerte de Jairo Ortiz, Daniel Queliz, Miguel Ángel Colmenares, Brayan Principal, Gruseny Antonio Canelón y Ricarda de Lourdes González, no debe quedar impune. Ellos, al igual que muchos otros venezolanos, sólo querían vivir en paz y en libertad, pero perdieron la vida a causa de gases tóxicos y balas disparadas por funcionarios policiales o de la Guardia Nacional Bolivariana.

Mal puede Padrino López pretender burlarse del dolor de los familiares de las víctimas, diciendo que las protestas “no se tocan ni con el pétalo de una rosa”, cuando vemos a diario una brutal represión y el uso abusivo de la fuerza, armamento y sustancias venenosas contra un pueblo desarmado.

Tanto el alto mando militar como los soldados que reciben instrucciones para actuar al margen de la ley, tendrán que rendir cuentas a la justicia nacional e internacional por estos delitos de lesa humanidad. Además, por permitir que grupos irregulares arremetan contra inocentes, violando el derecho a la vida y el artículo 324 constitucional (https://goo.gl/d2zNPG ), que le confiere al Estado la exclusividad de las armas.

El gobierno viola elderecho de los ciudadanos a manifestar, consagrado en el artículo 68 de la Carta Magna (https://goo.gl/itaQtk), que a su vez prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de protestas pacíficas. Esta acción deliberada del régimen, la hace con el malsano propósito de aplicar la resolución 8.610, suscrita por Padrino López el 27 de enero de 2015, la cual es inconstitucional porque autoriza la utilización de armas letales en las acciones de calle.

Es importante aclarar que el Ministro de Defensa no tiene facultades para decidir cuándo los ciudadanos pierden sus derechos, ni para atacarlos como objetivos bélicos, tal como ocurrió en la Universidad de Carabobo, en la urbanización Montaña Alta de los Altos Mirandinos y en el estado Lara, por citar algunos casos donde uniformados utilizaron armamento de fuego para reprimir protestantes.

El control de las manifestaciones públicas está reservado a las autoridades policiales y de seguridad ciudadana, y sólo cuando su capacidad haya sido desbordada, puede intervenir la Guardia Nacional Bolivariana. Lo cual no ha ocurrido hasta ahora.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y la Carta Magna reconocen la vida como un derecho inalienable, por ello el Estado a través de las policías y órganos de seguridad, debe garantizarlo. Condenamos la utilización, por parte de las fuerzas de seguridad, de gases tóxicos vencidos para dispersar a manifestantes, cuyos efectos nocivos abarca a comunidades que no están participando activamente en la protesta, ya que tienen largo alcance. Expertos en la materia han demostrado que el gas CS (lacrimógeno) es cancerígeno, estratogénico, y mutagénico.

Todos estos casos, así como el de las detenciones masivas e indiscriminadas que realizan los cuerpos castrenses, están debidamente documentados y han sido denunciados ante las instancias internacionales como delitos de lesa humanidad, según lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

El pueblo despertó, clama por libertad y democracia. Nada más. La dirigencia opositora siempre estará del lado de la gente que hoy sufre de hambre, desempleo, inseguridad, torturas y miedo a seguir oprimido por un régimen corrupto, del cual Padrino López se ha hecho cómplice.

Los artículos 23, 29 y 31 constitucionales garantizan la imprescriptibilidad de la acción penal en las causas por violación de los derechos humanos contemplados en los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por Venezuela. Además, el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos cometidos por sus autoridades.

La justicia nacional e internacional tarda pero llega. La única manera en que pudiera el general Padrino redimirse en este punto, es poniéndose del lado de la Constitución y de la mayoría de los venezolanos, impulsando un proceso de elecciones generales lo antes posible para que podamos decidir en paz y en democracia el destino de Venezuela.

"El llamado es a todos los miembros de las fuerzas públicas del Estado a respetar la voluntad del pueblo. A que se unan al reclamo legítimo de convocatoria a elecciones y restitución de hilo constitucional y esto lo pueden hacer apegándose desde ya a los artículos 25, 333 y 350 de la Constitución".

El bravo pueblo de Venezuela luchará hasta recuperar la democracia y la Asamblea Nacional estará siempre del lado del pueblo que la eligió para lograr la libertad.