El diputado Armando Armas, vicepresidente de la Comisión de Defensa de la AN califica de arbitrarias las detenciones de Stacy Escalona, activista de VP y del profesor Santiago Guevara, detenidos por autoridades militares

Con información denota de prensa

Un llamado a quienes tienen en sus manos la conducción de la institución castrense, de manera que se restituyan los principios establecidos en la Constitución nacional y en los convenios internacionales de Derechos Humanos, formuló el diputado Armando Armas, vicepresidente de la Comisión de defensa de la Asamblea Nacional, quien asegura que debe garantizarse el debido proceso a los ciudadanos hasta ahora negado con la indebida aplicación de la justicia militar contra civiles.

A través de un comunicado, el parlamentario repudió por arbitraria la detención de la activista de Voluntad Popular, Stacy Escalona, acusada por el Tribunal Sexto de Control Militar con sede en Valencia, a cargo de la capitana Luz Mariela Santafe Acevedo, por presunta rebelión y sustracción de armamento militar; y la del profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, imputado por la capitana Lorenza Del Carmen Domínguez, titular del Tribunal Primero de Control de la Corte Marcial, por supuesta traición a la patria e instigación a la rebelión; Ambos casos constituyen dos claros ejemplos de la desnaturalización de la justicia, propia de los regímenes dictatoriales.

“Quienes hoy desacatan las leyes deben recordar que los artículos 19 y 29 de la Carta Magna y el 29 del Estatuto de Roma establecen que las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra no prescriben, y los responsables podrían ser juzgados incluso por la justicia internacional”.

Precisa que si Escalona y Guevara son inocentes no hay razón para que los juzguen y menos por la jurisdicción castrense, la cual sólo aplica para civiles que tengan conexión o relación de dependencia directa con un integrante activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según el artículo 123, numeral 2, del Código Orgánico de Justicia Militar. Además, el artículo constitucional 49, numeral 4, contempla que toda persona, tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales.

Advierte el parlamentario que esta nueva escalada del Gobierno nacional tiene como principal objetivo sembrar terror en la disidencia y enlodar a los hombres y mujeres de uniforme.

“En la medida que expone a la Fanb como órgano represor de la dictadura, trata de convertir

en cómplice de unos pocos funcionarios corruptos y forajidos, a toda la institución castrense, en cuyo seno hay cada vez mayor descontento por la grave crisis política, económica y social que viven los venezolanos”.

Adelanta que el debido proceso está reconocido como un Derecho Humano, tanto en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los jueces y fiscales, son los principales llamados a consagrar la búsqueda de la verdad a través de la justicia por medios jurídicos. Quienes no garanticen este principio pueden ser objeto de sanciones civiles, penales y administrativas.

Exhorta a los militares respetuosos de la ley para que cumplan la Constitución, recordando que tienen la misión de rescatar la institucionalidad de la Fanb y de velar por la paz del país, contra la brutal arremetida de un régimen corrupto, violador de Derechos Humanos y de todas las libertades y principios democráticos consagrados en la Carta Magna.

Anunció que como vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario solicitará que el ministro de Defensa, (G) Vladimir Padrino López, el presidente de la Corte Marcial, general (Ej) Henry José Timaure Tapia, y las juezas militaresLuz Mariela Santafe Acevedo y Lorenza Del Carmen Domínguez comparezcan ante el Parlamento, el cual recalcó, es el único Pode Público legítimo en Venezuela.