El diputado de la Unidad Democrática Robert Alcalá informó que los familiares están exigiendo la captura de Ángel Ortíz, alcalde del municipio Ribero de ese estado

Redacción

La troncal 9, una de las principales vías arteriales del estado Sucre, fue tomada de nuevo por los familiares de las víctimas de la “masacre de Cariaco” en demanda de justicia, informó este viernes el diputado de la Unidad Democrática por ese estado, Robert Alcalá.

El parlamentario informó que los familiares están exigiendo la captura de Ángel Ortíz, alcalde del municipio Ribero de ese estado, quien está señalado de ser el autor intelectual de esas muertes. “Pero el juez Segundo de Control del Primer Circuito Judicial de Sucre se niega a pronunciarse ante la solicitud hecha por la fiscalía para que se emita la orden de aprehensión del burgomaestre”, señaló Alcalá en entrevista radial.

“A los alcaldes de la oposición los persiguen y los llevan presos sin que hayan elementos de convicción desde el punto de vista del Derecho. Pero a los del PSUV, que son asesinos, según los mismos cuerpos de seguridad del Estado y según las investigaciones del Ministerio Público, a esos los protegen. Eso está sucediendo hoy en el municipio Ribero, en Cariaco”, denunció.

El viernes 11 de noviembre de 2016, a eso de las 10 de la noche, seis sujetos encapuchados atacaron a un grupo de pescadores que compartía en el sector El Porvenir, ubicado en la carretera Cariaco-Casanay del municipio Ribero, mientras esperaba la paga de la jornada, resultando muertos nueve de ellos y heridos otros tres. Según las versiones de los testigos, una patrulla policial escoltaba a los encapuchados. El Ministerio Público solicitó privativa de libertad para cinco funcionarios adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas), por su presunta responsabilidad en los hechos.

Sucre en ruinas

Alcalá se refirió a la grave situación económica, social y política que está sufriendo el estado Sucre, justo cuando se conmemora, este 3 de febrero, el 222 aniversario del nacimiento, en la ciudad de Cumaná, del Mariscal Antonio José de Sucre, en cuyo honor lleva el estado el nombre.

Reiteró la ilegalidad del procedimiento por el cual fue “designado” el nuevo gobernador del estado, Edwin Rojas, en sustitución de Luis Acuña, el “peor gobernador que ha tenido Sucre. Eso lo reconoce hasta el alto gobierno al haberle pedido la renuncia. Se están lavando la cara pero lo están haciendo con agua sucia”, dijo.

Aseguró que dado que los períodos de los gobernadores ya están vencidos, lo que correspondía era convocar elecciones para elegir a un nuevo gobernador.

Indicó que el legado que deja Acuña es el de 400 niños muertos al nacer, un sistema de salud en crisis, tres aeropuertos paralizados, las troncales 9 y 10 deterioradas y 705 kilómetros de costa abandonados a manos de la inseguridad. “Allí están nuestros pescadores sufriendo por la delincuencia. El 70 % de la captura de pescado en nuestro país sale de este estado”, precisó.

Agregó que una situación similar estaría ocurriendo con David Velásquez, quien también ha sido “el peor alcalde” que ha tenido Cumaná, y a quien le habrían solicitado igualmente la renuncia para dejar encargada a una persona que están preparando para que sea la candidata oficialista a las próximas elecciones de alcaldes. En ese sentido recordó que con motivo de los 501 años de la fundación de la ciudad fueron aprobados cinco mil millones de bolívares para ejecutar 43 proyectos “y lo que hicieron fue agarrarse la plata”.

“Y lo que más indigna a pueblo de Sucre es que Nicolás Maduro, en esa actitud de premiar la corrupción, la desidia y a los malos gobernantes, pretende llevarse a esos dos personajes, a Acuña y a Velásquez, al servicio exterior. Al primero como cónsul en Canadá y al segundo como embajador en Arabia Saudita, cuando los dos deberían estar amarrados barriga con barriga en una celda. Son responsables de malos manejos administrativos en ambas gestiones”, aseguró.

Alcalá prosiguió diciendo que situaciones como estas no son nuevas en el estado Sucre, recordando, en tal sentido, lo ocurrido a raíz del asesinato, en 2014, del alcalde de Río Caribe, Enrique Franceschi, presuntamente muerto a manos del hampa común.

“El concejo municipal nombró a un alcalde encargado, como correspondía. En esa elección votaron tanto los concejales de la Unidad como también uno del PSUV. Luego el partido de gobierno, con una minoría de concejales, da un golpe de Estadoy designa a un nuevo alcalde y el banco Bicentenario, por órdenes políticas, traspasó la firma de la cuenta a este alcalde. Allí debieron convocarse elecciones para elegir un nuevo burgomaestre desde el mismo año 2014”, aseguró.