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Periodistas y diputados de la AN entregan documento de rechazo a la salida de CNN en Venezuela

“La censura está prohibida por la Constitución y por los estándares internacionales, porque viola la libertad de expresión y podría generar sanciones contra el Estado y los funcionarios públicos que han tomado la medida”

Redacción

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, se presentó este jueves a la sede de Conatel, ubicada en Las Mercedes, Caracas, para entregar un documento en rechazo a la medida tomada contra el canal de noticias CNN en español.

Guía espera que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones les dé una respuesta oportuna, y consideró que con la salida del aire del canal internacional se le cierra la oportunidad a los venezolanos de estar informados.

A su juicio la medida representa ”una censura previa que está negada en el artículo 57 de la Constitución”.

Desde este miércoles con los gremios que agrupan a periodistas y otros trabajadores de la prensa convocaron a una concentración en la sede de Conatel, se trata del Colegio Nacional de de Periodistas (CNP), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), de la ONG Espacio Público y diputados a la Asamblea Nacional, cuyos representantesentregaron este jueves un documento, en el que expresan el rechazo a la decisión del organismo de sacar del aire la señal de CNN en Español.

La comisión que entregó el documento estuvo integrada por Oswaldo Cali, abogado de Espacio Público y Marianela Balbi, de Ipys Venezuela. Ambos señalaron que de no obtenerse respuesta solicitarán un amparo constitucional.

Balbi señaló que “estamos acá porque ha habido un zarpazo a la libertad de expresión, queremos alertar sobre esa ventana que cada vez de cierra más y que ahora está afectando a la prensa extranjera, no solamente este caso, sino también la expulsión de los periodistas brasileros”.”

Considera que si Conatel también censura la señal de CNN en Internet elevarán su voz de protesta.

Por su parte, Oswaldo Cali indicó que“la censura está prohibida por la Constitución y por los estándares internacionales, porque viola la libertad de expresión y podría generar sanciones contra el Estado y los funcionarios públicos que han tomado la medida”.