Venezuela fue declarada el miércoles nuevamente en default parcial por incumplir el pago de dos bonos soberanos por 237 millones de dólares con vencimiento en 2025 y 2026

Con información de EFE/AFP

Venezuela fue declarada nuevamente en default (cesación de pagos) parcial por la agencia calificadora Santard & Poor’s, esta vez por el impago de dos bonos soberanos, complicando aún más una posible renegociación de su deuda externa. 

“No realizó el pago de 237 millones de dólares sobre sus obligaciones con vencimiento en 2025 y 2026”, cuyo período de gracia de 30 días venció el martes, subrayó la agencia en un comunicado.

S&P Global Ratings mantiene en “perspectiva negativa” la situación de pago de Venezuela, con reservas internacionales de apenas 9.700 millones de dólares: “El gobierno podría incurrir en nuevos impagos o apelar a un canje de deuda, lo que equivaldría al default, en los próximos tres meses”, comentó.

“El tema tiende a agravarse, pues ya son varios los instrumentos que han entrado en mora. El gobierno debe aclarar rápidamente si es un tema operativo o de caja. La falta de un pronunciamiento genera incertidumbre”, aseguró a la AFP el consultor César Aristimuño, experto en deuda.

S&P y Fitch ya habían declarado esta semana a Venezuela y a su petrolera estatal PDVSA en default parcial, por el retraso de varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.

Los títulos de la petrolera representan 30% de la deuda externa venezolana, estimada en unos 150.000 millones de dólares, que el presidente Nicolás Maduro busca refinanciar.

PDVSA -sostén de la deprimida economía de Venezuela, que aporta 96% de las divisas- también fue declarada el 16 de noviembre en default por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) -que reúne a acreedores-, por tres retrasos en sus pagos, lo que activa el proceso de pago de seguros.

Aristimuño opina que las posibilidades de renegociación dependen de que haya una propuesta clara por parte del gobierno, al que los acreedores exigirán que tenga el aval del Parlamento -de mayoría opositora y desconocido por el Ejecutivo-, además de un plan de recuperación económica.

“Si no hay esas manifestaciones, los períodos de tiempo se le irán acortando al gobierno y puede verse enfrentado a demandas internacionales”, agregó.